Enrique Santiago reclama desde el Congreso que “cese la permanente guerra jurídica contra el Gobierno” y tacha de “muy grave” que se extienda al fiscal general para “fulminarle”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha pedido desde el Congreso que “cese la permanente guerra jurídica emprendida contra el Gobierno de coalición”, al tiempo que denunció que es “muy grave” que se mantenga la “política de acoso” y ese mismo ‘lawfare’ emprendido “contra una institución del Estado como es la Fiscalía General del Estado”, en este caso en la persona de su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, al que se intenta “fulminar”.

Santiago se expresó así a primera hora de la mañana a preguntas de los/as periodistas en los pasillos del Congreso antes de que el Tribunal Supremo diera a conocer que rechazaba por unanimidad anular la renovación de García Ortiz como fiscal general del Estado, producida en diciembre de 2023. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo adelantaba así el fallo -sobre el que deberá concretar su contenido y razonamiento en las próximas semanas- el día antes de que el propio García Ortiz tenga que declarar como investigado ante el magistrado Ángel Hurtado, que instruye la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El dirigente y diputado de IU en el Grupo Plurinacional Sumar, en el que también es portavoz en temas de Justicia, había detallado así previamente su “confianza” en que el Alto Tribunal iba a “ratificar que el nombramiento del fiscal general está hecho conforme a derecho” y su seguridad de que sería “rechazada” la demanda de impugnación al mismo presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), con un “claro  sesgo político”.

Santiago insistió en que es “muy grave” que siga la “política de acoso y la guerra jurídica” emprendida “contra una institución del Estado como es la Fiscalía General del Estado”.

Advirtió de que este tipo de actuaciones y este ‘lawfare’ se puso en marcha “cuando se ha tocado a otra persona del ámbito familiar de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, cuando se ha investigado por sus supuestos hechos ilegales”.

Recordó que algo similar, pero a nivel político, “ya pasó cuando se denunciaron los presuntos hechos ilegales cometidos por un hermano de la señora Ayuso. En ese momento el denunciante fue el señor (Pablo) Casado, que fue fulminado de la dirección del Partido Popular”.

Para Enrique Santiago, “ahora se intenta pervertir de nuevo el Estado de Derecho intentando fulminar al fiscal general del Estado porque la Fiscalía está haciendo su trabajo, que es perseguir lo que parece un presunto delito muy grave”.

“Nosotros confiamos en el Estado de Derecho y lo que pedimos es que cese esta permanente guerra judicial emprendida contra el Gobierno de coalición”, apostilló.    

Tras realizar estas declaraciones, Enrique Santiago mantuvo una reunión en dependencias del Congreso con representantes del sindicato ‘DJusticia’, con los que intercambió puntos de vista y tomó buena nota de sus demandas para mejorar la situación de las personas que trabajan en la Administración de Justicia. A su conclusión, valoró el encuentro como “muy interesante y provechoso”.

Previamente había destacado que “es necesario avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo no solamente de los jueces, juezas y fiscales sustitutos, sino también respecto a todos los trabajadores de los servicios generales de la Administración de Justicia”.