“Hay que garantizar financiación y la calidad del derecho a las prestaciones por dependencia”

La puesta en marcha de un sistema de protección basado de forma preferente en servicios profesionales ha posibilitado la consolidación de un sólido sector de actividad en el que actualmente trabajan 525.000 profesionales, mayoritariamente mujeres. Así se recoge en un informe presentado por CCOO que apunta que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) registra un gasto corriente de más de 11.500 millones de euros (0,77% PIB) dedicados a financiar la totalidad de prestaciones que se reconocen. Un volumen de recursos que queda lejos aún del objetivo que se precisa para garantizar la suficiencia del sistema. Por eso, en opinión de Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, “la evaluación del Plan de Choque de Atención a la Dependencia, pese a la mejoría clara en el número de personas atendidas y en la financiación del sistema, muestra carencias relevantes en listas de espera, en la calidad de la atención y amplios márgenes de mejora y riesgos de deterioro del sistema” 

El informe del sindicato recuerda que la protección social de las situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía personal mediante una prestación pública, es un derecho social nacido a iniciativa de las organizaciones sindicales CCOO y UGT a través de un acuerdo de diálogo social que, en diciembre de 2005, suscribieron junto a CEOE y CEPYME y el Gobierno de la nación. Ese acuerdo concluyó en la aprobación, por el conjunto de grupos parlamentarios y sin ningún voto en contra, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

En este tiempo, el sistema ha conseguido garantizar una prestación efectiva a más de 1,5 millones de personas en situación de dependencia, un número que ya supera las previsiones iniciales. Se ha consolidado así, como un derecho universal y, a su vez, ha dado carta de naturaleza a un sistema basado de forma preferente en servicios profesionales que ha posibilitado la consolidación de un sólido sector de actividad en el que, actualmente, trabajan 525.000 profesionales, mayoritariamente mujeres. No es tampoco menor el hecho de que el SAAD registra un gasto corriente de más de 11.500 millones de euros (0,77% PIB) dedicados a financiar la totalidad de prestaciones que se reconocen.

El principal problema es la lista de espera

En opinión de Carlos Bravo, el SAAD, pese a sus fortalezas, presenta también “elementos de riesgo que precisan de una actuación conjunta del Estado y las comunidades autónomas”. Entre estos elementos de riesgo destacan la lista de espera y los excesivos tiempos de respuesta que ofrecen actualmente las administraciones para garantizar el acceso al derecho; la elevada utilización de la prestación económica de cuidado familiar y la prestación económica vinculada a un servicio, pese a que están definidas como “excepcionales”. También una intensidad insuficiente en determinados servicios profesionales (teleasistencia y servicios de prevención, principalmente); y la necesidad de reforzar el sistema de financiación vinculándolo a garantizar prestaciones de servicios profesionales de alta calidad. 

El Plan de Choque, según Bravo, “ha servido para reforzar la cobertura que ofrece el SAAD y ha intentado corregir algunos de esos elementos de riesgo a los que hacíamos referencia, si bien con resultados desiguales en cada uno de ellos”, como también ecoge en el informe. 

Entre 2021 y 2023, se ha incrementado la financiación estatal en 3.793 millones de euros (si añadimos 2024, la suma asciende a 5.821 mill €), y las comunidades autónomas han incrementado su aportación en 964 millones de euros adicionales; de modo que en este periodo el SAAD ha visto aumentada su financiación en 4.757 millones de euros adicionales a los que se destinaron en el año 2020. Así, por partes, la aportación que hace el Estado central supone actualmente (año 2023) un 28,58% del total de gasto certificado por las CCAA, lo que implica un incremento de casi 13 puntos porcentuales en el marco del Plan de Choque. A este respecto, Bravo advierte que no se conoce la aportación que hacen las personas beneficiarias en forma de “copago”. “Esta es la principal limitación que se mantiene respecto del alto nivel de transparencia que ofrece el SAAD en lo relativo a su gestión. Conocer el dato exacto de copago debe ser una prioridad en el corto plazo”, advierte. 

El mayor riesgo que señala CCOO es el de configurar un sistema que en lugar de estar cofinanciado por Estado y CCAA, como era su diseño inicial, con una participación del copago en menor medida y vinculada de forma clara a los niveles de renta y patrimonio más elevados, “estemos caminando hacia un sistema de financiación tripartita” –en opinión del secretario confederal- con infrafinanciación pública y un elevado nivel de copago generalizado “que actúe como elemento de exclusión de las personas con menores niveles de renta”. 

Las coberturas crecen intensamente, pero no absorben la lista de espera

En cuanto a las coberturas, éstas se han incrementado de forma notable: crecen las personas beneficiarias atendidas (+35%, supera las 394.194 personas), pero en un ritmo insuficiente para absorber la lista de espera (se mantiene en 246.212 personas). Ocurre que ese tiempo de espera es un problema transversal, pero los casos más graves afectan a pocos territorios: actuar en ellos ayudaría a resolver el problema estructural. Los tiempos de gestión de la prestación son excesivos (332 días en media), pero llegan incluso a duplicarse en los casos más extremos: sólo 3 territorios cumplen el compromiso de la Ley. 

Además, se han revertido los recortes de 2012 en el servicio de ayuda a domicilio y la cuantía de las prestaciones económicas, pero se mantiene la baja intensidad de los servicios de prevención. No se ha conseguido modificar la situación previa y el 41% de las personas beneficiarias (600.000 personas) son atendidas mediante Prestación Económica para Cuidados Familiares (PECF), lo que resulta preocupante habida cuenta de que esta prestación está establecida como “excepcional” y supone mantener el modelo de atribuir la responsabilidad de los cuidados a las familias, “muy especialmente a las mujeres, con el consiguiente impacto en desigualdad y brechas salariales, de pensiones”, en opinión de Bravo. 

Tampoco se ha conseguido reducir el peso relativo de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) y en algunas Comunidades Autónomas se apunta como prestación principal, “lo que resulta preocupante habida cuenta de que esta prestación supone “doble copago”, tal y como explicó Carlos Bravo. 

En resumen, la extensión de la cobertura tiene un protagonismo importante en las prestaciones más baratas y de menor calidad asistencial, lo que no es el modelo que necesita el país. “Deben dejar de crecer estas prestaciones y transitar desde ellas hacia prestaciones de servicios profesionales de calidad, en ayuda a domicilio, residenciales o centros de día”, como recomienda el informe.

Otros asunto importante es que los servicios profesionales crecen, pero lo hace en mayor medida la teleasistencia (un servicio de baja calidad asistencial). “Se trata en todo caso de una prestación complementaria y debe evitarse como recurso exclusivo de atención”, tal y como apuntó Agustín Reoyo, adjunto a la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical de CCOO.

El hecho de que el 58% de las personas beneficiarias (882.000) están siendo atendidas mediante servicios profesionales “contribuye a la potencialidad de creación de empleo que presentan los servicios profesionales y a mantener un ritmo de crecimiento de empleo muy relevante, pero que se verá lastrado a medio plazo por la poca ambición de las ratios de plantilla que se han concretado finalmente en el Acuerdo de acreditación de centros y servicios”, según Reoyo.

El crecimiento de las nuevas prestaciones reconocidas ha contribuido a crear 95.243 empleos directos hasta el cuarto trimestre de 2024 (lo que supone un incremento del 21,5% y, adicionalmente, se han convertido 44.308 contratos temporales en indefinidos, como consecuencia de la reforma laboral pactada entre Gobierno e interlocutores sociales). Y es que “reforzar los servicios garantiza la calidad de la atención y la creación de empleo y la actividad económica sostenida”, abundó Carlos Bravo.

Para paliar las deficiencias detectadas en el informe, sería prioritario impulsar un programa de acción para garantizar la atención completa de la lista de espera y la calidad de la atención con servicios profesionales, para lo que Carlos Bravo exigió el liderazgo del Ministerio de Derechos Sociales a la hora de garantizar un marco de cooperación y acuerdo con las comunidades autónomas en el que se establezcan los objetivos compartidos, los plazos para alcanzarlos y los medios a implementar. Además, en su opinión, es necesaria la mejora de la financiación estatal orientada, a través del nivel acordado, y con el propósito claro de garantizar la consecución de los objetivos acordados en el marco del nuevo Plan de acción.

Por otro lado, y entre otras medidas, las líneas de actuación propuestas por CCOO, debe garantizarse la total transparencia en la gestión del SAAD y publicarse en la estadística oficial el volumen de aportaciones que realizan las personas beneficiarias (copago), único dato de gestión que no se publica en ninguna estadística oficial.