Mientras líderes europeos jalean la inversión de la UE en la industria militar, un informe denuncia la opacidad de los primeros proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa

Barcelona/Bruselas, 24 de febrero de 2025. Coincidiendo con el debate político y mediático sobre la necesidad de aumentar el gasto militar y la inversión en armamentos para reducir la dependencia de la Unión Europea respecto a los Estados Unidos, con declaraciones de líderes europeos que defienden incluso los recortes en pensiones, sanidad y educación, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) publican un análisis que demuestra la opacidad de los proyectos beneficiados en la primera ronda de financiación del Fondo Europeo de Defensa. El estudio parte de la investigación llevada a cabo durante años por investigadores de organizaciones europeas miembro del ENAAT sobre la financiación de la industria militar europea, así como de preguntas formuladas a la Comisión Europea con el objetivo de recabar información de los seis mayores proyectos financiados por el FED a través de su convocatorio en 2021.
 
Las cinco principales empresas beneficiarias de esta primera convocatoria (Leonardo, Thales, Airbus, Saab e Indra) reciben más del 30% de la financiación y son al mismo tiempo las empresas que más presionaron para la creación del FED y que antes habían influido en las conclusiones del Grupo de Personalidades sobre Investigación y Defensa. El Grupo, que se creó en 2015, estaba compuesto por 16 miembros de los cuales seis representaban a empresas armamentísticas (4 de las cuales, entre las 5 mayores beneficiarias del la primera ronda del FED: Airbus, Indra, Leonardo y Saab), uno a la ASD (la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa, la organización de lobby más importante de la industria armamentística europea) y dos a institutos de investigación implicados en programas de investigación armamentística (Fraunhofer y TNO). El informe final del Grupo, publicado en febrero de 2016, sirvió de base para la eventual propuesta de la Comisión Europea (CE) de crear el Fondo Europeo de Defensa (FED). El análisis concluye que este informe estuvo fuertemente influenciado por los principales productores de armas, con frases específicas que, provenientes del lobby de los productores de armas, se incluyeron en las Convocatorias, se utilizaron después en las propuestas de los consorcios y pueden encontrarse en las descripciones públicas de los proyectos financiados.
 
Además, el informe apunta que la industria europea de defensa está siendo subvencionada por el programa del FED en tanto que los resultados de estos proyectos se materializarán en prototipos militares y en tecnología generada que, tal y como establece la normativa del Fondo, los propios Estados miembros están comprometidos a adquirir.
 
El nuevo informe “Fondo Europeo de Defensa: Uso opaco de los fondos públicos”, ha analizado una muestra de seis proyectos que forman un subgrupo representativo de todos los proyectos desde el punto de vista tecnológico y de magnitud, entre ellos suman más de un tercio de la inversión total de la Unión Europea en este ámbito (EPC, FAMOUS2, EPIIC, COUNTERACT, EICACS y Euro-HAPS). Las principales conclusiones extraídas son:

• Se observa una falta de transparencia en la aplicación de las directrices éticas de la UE. El proceso de toma de decisiones durante la revisión y la asignación de fondos de los proyectos del FED está fuertemente influenciado por los grupos de presión de la industria armamentística.
• La sociedad civil no está recibiendo suficiente información ni pruebas que demuestren que se están llevando a cabo estos controles éticos siguiendo las obligaciones internacionales.
• Se detecta falta de transparencia en el proceso de revisión de los proyectos y en la exclusión de empresas en base a las disposiciones del Reglamento financiero.
• Existe una fuerte preocupación por la excesiva confianza en las autoevaluaciones de los propios candidatos de los proyectos del FED. Los procedimientos de evaluación de riesgos legales y éticos de la UE se basan principalmente en las autoevaluaciones que realizan los propios candidatos (principalmente empresas). Estas evaluaciones consisten básicamente en rellenar un formulario tachando la casilla correspondiente.
• Se detecta una falta de transparencia en aspectos técnicos que pueden generar situaciones que resultan éticamente inaceptables y contrarias al derecho internacional.
• El uso de sistemas no tripulados que utilizan tecnologías de IA plantea riesgos evidentes. A pesar de que la información actual sigue siendo todavía vaga, un significativo número de proyectos analizados menciona explícitamente el uso de IA, mientras que la mayoría de los restantes probablemente utilicen estas técnicas en subsistemas específicos. Resulta clave conocer si los sistemas diseñados serán capaces de reaccionar de manera autónoma ante situaciones inesperadas, en qué casos serían capaces de hacerlo, y qué tipo de reacción tendrían.

En este sentido, Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y autor del informe, concluye que “todos los sistemas de IA de los proyectos del FED deben estar sujetos a un estricto control por reconocidos expertos independientes no pertenecientes al ámbito militar y por comités de ética civiles. Cumplir con las Directrices éticas europeas para una IA fiable resulta, por desgracia, insuficiente desde un punto de vista ético, dado que estos sistemas no son completamente fiables, ni reproducibles, ni explicables, lo cual entraña también dificultades de responsabilidad en caso de víctimas civiles”.
 
Análisis previos de los programas iniciales PADR y EDIDP concluyen que, en estos casos, la CE había reducido significativamente sus estándares en cuanto a transparencia y controles éticos, rebajando drásticamente los niveles considerados habituales en otros programas de investigación europeos, creando también escenarios opacos que no pueden ser controlados por los ciudadanos europeos y por las organizaciones de la sociedad civil. “Todo ello resulta especialmente preocupante en un ámbito -el militar- especialmente delicado desde el punto de vista ético y desde la perspectiva del derecho internacional humanitario (DIH)”, apunta Brunet. Se esperaba que estos aspectos mejoraran en el siguiente programa del FED pero, según concluye esta nueva investigación, la revisión intermedia de los proyectos de la convocatoria FED 2021 ha puesto de manifiesto que los aspectos problemáticos ya detectados en las convocatorias iniciales PADR y EDIDP no han mejorado, permaneciendo tan cuestionables y controvertidos como estaban, e incluso tendiendo a empeorar.