El Sindicato de inquilinas e inquilinos de Sevilla denuncia el mercado especulativo de la vivienda en la ciudad a raíz de los precios de las VPO de hasta 350.00 euros

En Sevilla, según los datos de Idealista, la revalorización anual habría superado el 12%, situándose actualmente el metro cuadrado en 2.500€ algo por debajo del pico histórico de 2007. La variación interanual de los alquileres estaría en 8,6%, lo que sitúa el alquiler medio para una vivienda de 75 metros cuadrados en 922 €.

Esto se produce en un momento en el que, tras casi una década de estancamiento, se está construyendo a un ritmo muy elevado. Hace poco el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentaba un plan para producir 20.000 nuevas VPOs, después de un periodo en el que apenas se había construido. La pregunta es a qué precios se van a vender esas viviendas. Actualmente, la vivienda protegida se encuentra prácticamente en la misma línea de precios abusivos del mercado libre. En estos días ha salido a la luz los precios de hasta 350.000 euros de las VPOs sobre los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo. Esto no es un hecho aislado. EMVISESA está ofertando en el Pitamo vivienda de hasta 250.000 euros, de dimensiones muy limitadas y en una localización totalmente periférica y aislada de la ciudad.

A pesar de todo, la Junta de Andalucía sigue insistiendo que la forma de bajar el precio de la vivienda está en construir más y bajar impuestos. Este argumento se encuentra totalmente fuera de la realidad, cuando los datos lo que muestran es que cuanto más caras están la vivienda más se construye. Esto responde al carácter especulativo del mercado de la vivienda y el alquiler en Andalucía, que va camino de generar otro estallido inmobiliario. La construcción de vivienda pública se encuentra además en la misma dinámica. Actualmente EMVISESA construye para hogares totalmente privilegiados y no para la gente que realmente lo necesita, razón por la cual, cada vez que hay un sorteo se produce una renuncia masiva de adjudicatarios. Es totalmente lógico en este sentido que la Junta (mediante el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado), se encargue de subir el tope de ingresos, para que hogares que ingresan 4.200 euros al mes puedan comprar sus promociones de VPO. La política pública de vivienda de la Junta es actualmente tan disfuncional como el propio mercado de la vivienda.

La única forma de hacer bajar los precios es prohibir la especulación con la vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla reclamamos la necesidad de un control sobre los precios de la vivienda en venta y en alquiler. Asimismo, es indispensable tasar las viviendas vacías y prohibir las viviendas turísticas, que en conjunto suman cerca de 800.000 alojamientos que podrían entrar en el mercado del alquiler convencional. Finalmente, es necesaria la creación de un verdadero servicio público de vivienda que se tome en serio el mandato de hacer cumplir el derecho a la vivienda de los hogares sevillanos y andaluces.