FETAP-CGT logra la imputación de altos responsables por la gestión de la dana y la vulneración de derechos laborales
- La instructora eleva a 225 el número de víctimas mortales, y reitera en este auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre “fue tardío y erróneo”.
- Señala que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”
Comunicado
La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) valora positivamente los avances judiciales en la investigación de la tragedia ocasionada por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024. La instrucción del procedimiento ha llevado a la imputación de Salomé Pradas Ten, ex consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso Torres, ex secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), por su presunta negligencia en la gestión de la crisis y la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores expuestos a la catástrofe.
Desde FETAP-CGT hemos promovido esta querella con el propósito de exigir justicia para las víctimas y garantizar que este tipo de errores no vuelvan a repetirse. La falta de previsión, la tardanza en activar los protocolos de emergencia y la descoordinación en la gestión de la crisis no solo agravaron la magnitud de la tragedia, sino que pusieron en riesgo directo a miles de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales perdieron la vida mientras desempeñaban sus funciones o en los desplazamientos a sus centros de trabajo. La ausencia de alertas efectivas y la falta de medidas preventivas supusieron una vulneración flagrante de los derechos laborales y de la seguridad en el trabajo.
Los responsables ahora imputados deberán responder ante la Justicia por delitos que incluyen homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave, daños imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores, previstos y penados en el Código Penal. La inacción y la negligencia en la gestión de la emergencia afectaron gravemente a la población y, en especial, a los empleados públicos y trabajadores del sector privado, que fueron obligados a acudir a sus puestos sin la protección adecuada a pesar de la gravedad de las previsiones meteorológicas.
Desde FETAP-CGT seguiremos vigilantes en el desarrollo del procedimiento judicial y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. En situaciones de emergencia, la previsión y la actuación rápida son esenciales para la protección de la ciudadanía y de quienes trabajan en servicios esenciales. No permitiremos que la dejación de funciones y la irresponsabilidad institucional queden impunes.
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