IU denuncia el “saqueo a la educación pública que sigue perpetrando el Gobierno del PP”, una política que “cuestiona con crudeza hasta la OCDE en su último informe”

Jueves, 26 de octubre 2017.

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia el “saqueo de la educación pública que sigue perpetrando el Gobierno del Partido Popular, una política que cuestiona con crudeza hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe”.

Enrique Díez, responsable federal del área, advierte de que “pese a la propaganda desplegada para tapar lo evidente, a día de hoy se mantienen las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales de recorte de lo público, pactadas previamente por PP y PSOE y consagradas con la reforma impuesta del artículo 135 de la Constitución en 2011. Se ve en hechos concretos como que la cuarta parte de los/as jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni puede trabajar en el conjunto del Estado”.

“Seguimos sufriendo, por tanto -añade el dirigente de IU-, los efectos de políticas educativas que, sin recursos suficientes, potencian el fracaso y el abandono escolar de la población joven que más apoyo necesitaría, por una parte, a las que hay que sumar unas políticas económicas que generan la elevada tasa de desempleo juvenil que se está convirtiendo en estructural”.

El análisis que hace el Área de Educación de IU apunta que “el resultado de este desmantelamiento sistemático y planificado de lo público se dejan sentir cada vez con más fuerza en el sistema público educativo, como no puede ser de otra forma. Los centros escolares han sufrido un permanente recorte de profesorado y de personal, con cerca de 30.000 docentes menos en la escuela pública para una población escolar que ha aumentado”.

“Al deterioro de estas condiciones laborales, con mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnado o pérdida salarial, se suma el abandono de los programas de atención a la diversidad y la pérdida del carácter inclusivo de la educación”, explica.

Para Enrique Díez, “la LOMCE ha sido la justificación ‘legal’ impuesta por esta ideología privatizadora y discriminatoria de las élites, al servicio de quienes parece gobernar el PP. No ha pasado desapercibido ni a la OCDE, un organismo internacional que es parte de un modelo neoliberal al servicio de esas mismas élites. Los sucesivos recortes y la aplicación precipitada de la LOMCE no sólo deterioran el servicio público educativo, sino que desvían alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada con una intencionalidad segregadora que atenta contra la cohesión social”.

“Estamos en un estado de ‘emergencia educativa’, ante una crisis de la educación pública que resulta ‘insostenible’, según expresión de la propia OCDE, para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país”, constata el dirigente de IU.

Los datos del informe de la OCDE son “demoledores” y reflejan que ahora se destinan entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, que el Estado español está en el puesto 25 de los 35 países que conforman la OCDE, por detrás de Portugal, Francia, Alemania, Finlandia, Reino Unido o Italia, Portugal. La inversión en educación supone solo un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de estos países. En términos de PIB, se ha recortado hasta el actual 4% -7.000 millones menos- una inversión muy por debajo de la media en la OCDE, el 5,3%”.

“Y, además -denuncia Díez-, el Gobierno del PP se ha comprometido con las máximas instancias políticas europeas, además de con el FMI y el BCE, a que no pase del 3,8% del PIB en 2018 y descienda hasta el 3,67% en 2020”.

“Desde Izquierda Unida consideramos que hay que hacer frente a este dramático panorama que busca dinamitar el servicio público educativo. Exigimos la reversión de los recortes y el blindaje constitucional del gasto público en educación para contar con un porcentaje de PIB que en ningún caso se sitúe por debajo de la media europea”, expone.

Para el Área Federal de Educación de IU “es la hora de reforzar el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros y de implicar a la  ciudadanía del entorno. Hay que recuperar la movilización, como ya se anuncia, en defensa de la enseñanza pública”.