La Mesa Social del Agua de Andalucía critica los mecanismos de participación de la Junta en materia de agua y medio ambiente

La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, se ha mostrado crítica con los mecanismos de participación en materia de agua y medioambiente en el Consejo Andaluz del Agua celebrado este miércoles 12 de marzo en Sevilla. En el principal órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua, la MSA ha declarado que, a pesar de que perciben ligeros avances en los últimos procesos de consulta pública, persiste la inclinación de la administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz.

Ante ello, insiste en que la información pública y la participación activa deben ser dos de los principios fundamentales en los que se apoye la gestión y planificación de los recursos hídricos, de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos. Sin embargo, tal y como la MSA ya denunció en Bruselas en el año 2023, las funciones de los órganos de participación reglada, establecidos en los últimos años por imperativo legal, chocan con las reticencias o el rechazo por parte de los representantes políticos y de los equipos técnicos, que frecuentemente los consideran meros apéndices de la estructura político-administrativa.

El conjunto de las organizaciones que forman parte de esta Mesa Social del Agua de Andalucía defiende que la mayoría de estos órganos se convocan generalmente para refrendar decisiones tomadas de antemano, y no para llevar a debate social los temas realmente candentes y que interesan a los agentes sociales.

Así pues, estos órganos se han perpetuado como instancias burocráticas, con una concepción de la participación y la consulta meramente formal, pero muy poco eficaz para trasladar las cuestiones y mejoras que pudieran surgir del debate colectivo y plural necesario para este tipo de asuntos. La MSA critica que, en las reuniones de estos órganos, la mayoría de los miembros se limiten a votar o a asentir, con escaso conocimiento y trabajo previo sobre los proyectos, planes o informes, sometidos a mera consulta, sin tiempo y espacio suficientes para desarrollar debates ni enriquecerlos con prácticamente ninguna aportación. Además, cuando se producen estas propuestas de modificación, son frecuentemente laminadas por la apabullante mayoría de votos con que cuentan las administraciones en estos órganos.

Modelo arbitrario y errático

La MSA considera que la Junta de Andalucía ha venido promoviendo un modelo aparentemente participativo que funciona de forma arbitraria y errática, que se ha reunido en pocas ocasiones, y cuyos resultados han tenido escasa plasmación real en los procesos de planificación relacionados con el agua. A pesar de que se ha ampliado su número, constituyendo nuevos órganos de participación, no se ha mejorado su operatividad. Persiste un claro desequilibrio en el seno de estos órganos en los que se da mayor participación a las administraciones públicas en especial, pero también a representantes de algunos agentes económicos, frente a los agentes que representan intereses sociales y ambientales más amplios lo que, a juicio de esta mesa social, constituye uno de los principales déficits democráticos del modelo participativo actual.

La imposibilidad práctica de participar ab initio en el diseño de las propuestas de la administración acentúa aún más el desistimiento de sus miembros a la hora de prestar una colaboración activa y útil. La MSA considera que este modelo participativo se opone a los principios establecidos por el Convenio Aarhus y por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que traspone a la normativa nacional dicho convenio.

Sirva como ejemplo la segunda reunión del Consejo Andaluz del Agua, celebrada este 12 de marzo (tras su constitución formal el 22 de febrero del año 2022), un órgano cuyas reuniones deben ser, al menos, anuales (art. 12 del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre), pero cuya primera y única convocatoria hasta ahora tuvo lugar el pasado 1 de febrero de 2023.

En esta sesión, la administración viene a informar del inicio de una nueva revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias sobre las que ostenta competencias. Una vez más, la administración informa sobre los proyectos de revisión de los planes hidrológicos y de los proyectos de planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas andaluzas una vez concluido el periodo de información pública y tras el análisis de las alegaciones presentadas. No se someten a consideración de los miembros del Consejo porque ya se habían votado previamente en los Consejos del Agua de cada Demarcación Hidrográfica. Tampoco se abordan las materias que han suscitado más interés y polémica, y por supuesto no se abre debate alguno. Una muestra más, a juicio de la MSA, del tipo de funcionamiento burocratizado, jerárquico y controlado en cierta medida por algunos intereses sectoriales que no representa a la diversidad de intereses de la comunidad andaluza en esta materia, concediendo un espacio muy limitado a la expresión de los valores sociales y del interés general.

Por otro lado, la MSA advierte que una vez más se ha desaprovechado la oportunidad en este mismo Consejo Andaluz del Agua de considerar la importancia de la revisión del Plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir y de la gestión de los recursos hídricos que marca el vigente plan (competencia del Estado en este caso), aun cuando este río supone la parte principal de los usos consuntivos (particularmente de regadío) de Andalucía.

El orden del día del Consejo incluye también la presentación de un informe sobre los procesos de revisión de los instrumentos de planificación del riesgo de inundación en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, la actualización de los Mapas de Peligrosidad del Guadalhorce y la revisión de la evaluación preliminar de riesgo de inundación.

Avances excesivamente tímidos

En opinión de la Mesa, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) contienen algunos avances, como la mejora de los sistemas de alerta temprana y de comunicación a la población, el reconocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza como medidas de especial interés, el reconocimiento de la necesidad de estrategias de comunicación social y educación en torno a la percepción del riesgo de administraciones, agentes sociales y ciudadanos, y el reconocimiento de la importancia de la evaluación y diagnóstico de las lecciones aprendidas con los eventos de inundación.

Sin embargo, estos avances son excesivamente tímidos y van a un ritmo excesivamente lento, lo que no permite una respuesta eficaz ni acompasada al incremento de los daños por inundaciones debito tanto a la aceleración de las consecuencias del cambio climático como al resto de factores que concurren: ocupación de zonas inundables, prácticas agrarias no adaptadas a las condiciones del terreno, creciente impermeabilización del suelo, nuevas infraestructuras de transporte que desorganizan el drenaje natural, sistemas institucionales de alerta e intervención limitados o de funcionamiento deficiente.

Por último, la MSA denuncia que en la convocatoria del Consejo quedan fuera del orden del día, sin información ni puesta a debate social, elementos fundamentales de la política del agua que interesan a toda la sociedad, y que se van desarrollando con opacidad y sin participación del conjunto de los agentes sociales. Entre estos importantes temas está el proceso de implementación de la estrategia andaluza de aguas regeneradas, que se ha presentado en los últimos años como una de las banderas emblemáticas de la política de aguas autonómica; la evolución errática de las decisiones sobre el canon autonómico de abastecimiento y saneamiento; la situación del nuevo reglamento del ciclo integral de agua urbana, que fue anunciado en fase de información previa y del que no se tiene ninguna noticia; las importantes repercusiones en el dominio público hidráulico de la política minera o la inexistencia de una evaluación de los efectos de la sequía sobre la agricultura familiar, social y profesional, que constituye una de columnas vertebrales del territorio, y que sufre, con la oposición de esta mesa, reducciones lineales de dotaciones y mecanismos de mercadeo del agua que benefician a los modelos de gran empresa cada vez más ajenos a los territorios.

Tras más de tres décadas de funcionamiento de órganos colegiados de participación en el ámbito medioambiental (Patronatos, Juntas Rectoras, Consejos, Comisiones de seguimiento,…), la MSA insiste en la necesidad de abordar un cambio en profundidad en la composición, competencias, objetivos y normas de funcionamiento, de tal manera que se garantice una verdadera participación de la sociedad civil. Así lo han trasladado en la reunión del Consejo Andaluz del Agua celebrada este 12 de marzo con la esperanza y el empeño de no perder una nueva oportunidad para mejorar esta participación de la sociedad en la próxima revisión de los planes hidrológicos de demarcación que acaba de comenzar.