CCOO y UGT urgen a Función Pública a implementar el derecho a la jubilación parcial para el personal funcionario, estatutario y laboral

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos han enviado una carta al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que le expresan su gran inquietud ante la falta de avances legislativos respecto a la implementación del derecho a la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal funcionario, estatutario y laboral, tanto en el EBEP, como en la Ley de Seguridad Social o la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre incompatibilidades.

CCOO y UGT le recuerdan al ministro que la jubilación parcial con contrato de relevo es una herramienta que no solo beneficia a quienes se acogen a esta modalidad de jubilación, sino que también permite la incorporación de nuevas personas profesionales que aporten frescura y dinamismo a nuestras instituciones, especialmente necesarias en el contexto de la digitalización. Sin embargo, esta opción sigue siendo un recurso limitado y difícilmente accesible, lo cual genera insatisfacción y desmotivación entre el personal.

La ausencia de cambios legislativos que faciliten este proceso no solo afecta a las personas trabajadoras que desean reducir su jornada y, a la vez, disfrutar de una transición más suave hacia la jubilación, sino que también puede repercutir negativamente en la eficacia y la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.

Por lo tanto, CCOO y UGT solicitan al ministerio que priorice esta cuestión y promueva las reformas necesarias para que la jubilación parcial con contrato de relevo se convierta en una realidad tangible para todas las personas trabajadoras de las administraciones públicas y del sector público, tanto personal funcionario, como estatutario, como laboral.

Además, desde el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos se solicita una reunión a Óscar López para hablar de este y otros asuntos. Quedamos a la espera de una respuesta satisfactoria que refleje un compromiso por parte del Gobierno con el bienestar y los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito de lo público.