Resultados de los Diálogos en Quito: Una agenda para la internet ciudadana

Si Internet ya está en casi todo, y somos nosotros quienes le dan vida y contenidos, ¿tiene sentido seguir siendo simplemente usuarios de servicios que las grandes empresas del sector nos brindan, bajo sus condiciones? ¿o deberíamos tomar cartas en cómo se desarrolla y tener capacidad de decisión sobre el uso que se da a nuestros aportes? Las respuestas a estas preguntas se perfilan entre los grandes desafíos de este siglo.

Vale recordar que, cuando nació la Web, hace apenas un cuarto de siglo (1993), y el uso de internet comenzó a expandirse, muchos actores populares y ciudadanos lo acogieron como una oportunidad para democratizar la comunicación, compartir información, ideas y conocimientos y tejer redes horizontales.  Coincidió con la época de auge de las luchas de movimientos sociales contra la globalización neoliberal, particularmente en el Sur.  Internet se convirtió en una herramienta indispensable para enlazar las luchas populares y ciudadanas a través del planeta, generar nuevos medios de comunicación popular, interconectar la investigación académica, facilitar iniciativas de desarrollo comunitario y mucho más.  Nació la internet ciudadana y se multiplicó a través de un sinfín de iniciativas en conectividad, software, programas, plataformas, contenidos, sitios Web, etc.  Se podría decir que internet se presentaba como la cara amable de la globalización

Desde fines del siglo XX, se registró un aumento vertiginoso de inversiones privadas en el sector; nacieron las redes sociales digitales y el acceso se masificó.  Paralelamente, comenzaron a predominar las grandes plataformas privadas, donde hoy se concentra la mayoría de interacciones en internet, bajo control de un puñado de megaempresas.  La internet ciudadana, basada en los comunes, sigue viva, pero cada vez más arrinconada ante esta ofensiva corporativa.

Ahora estamos entrando con pasos acelerados en una nueva fase: la era de la internet de las cosas, de la economía digital, de la inteligencia artificial.  Los datos en masa son el principal insumo y fuente de valor de esta economía: se venden a anunciantes, son procesados por algoritmos que rigen en cada vez más ámbitos de la vida y son lo que alimenta la inteligencia artificial.  Los asechan también los programas de vigilancia, espionaje y ciberguerra. Quien almacena y controla los datos concentra poder y riqueza.  Las grandes corporaciones de Internet y los servicios de seguridad se aprovechan de los vacíos reglamentarios (nacionales e internacionales) para imponer sus reglas.  La ciudadanía queda desamparada para defender sus derechos y desarrollar proyectos autónomos.

Fue ante la constatación de esta situación que nació la iniciativa de impulsar el Foro Social de Internet (FSI), como un espacio mundial autónomo de organizaciones sociales y ciudadanas de los diversos sectores sociales, para debatir y buscar respuestas a esta situación.  Se optó por hacerlo bajo el paraguas del proceso del Foro Social Mundial, por su afirmación de que “otro mundo es posible” ante el planteamiento neoliberal de que “no hay alternativas”.

Como aporte a esta iniciativa, en 2017 varias organizaciones latinoamericanas[1] impulsaron un proceso de intercambio para encaminar la formulación de propuestas e iniciativas desde un enfoque regional.  Con una combinación de intercambios virtuales y presenciales y difusión sobre la problemática, este proceso desembocó en el Encuentro “Diálogos por una Internet Ciudadana: NuestrAmérica Rumbo al Foro Social de Internet” (Quito, 27-29 de septiembre 2017).

El Encuentro priorizó tres ejes de debate: 1) conocimiento; 2) OMC, comercio electrónico, trabajo y territorio; y 3) democracia, seguridad y Estado.  La dinámica partió de una ubicación del contexto mundial y regional en estos tres ámbitos, para luego centrarse en el intercambio en mesas temáticas para construir una agenda regional.  Además, se compartieron varias experiencias destacadas de internet ciudadana.

Prioridades: Derechos y protección de datos

En las mesas, se construyeron propuestas[2] para la región como también para el Foro Social Mundial de Internet (programado para realizarse en la India en 2018), tanto en el campo de las políticas públicas, como de la acción e iniciativas ciudadanas.  De allí, salieron algunos hilos comunes y temas transversales, en particular: los derechos humanos y la protección de datos.

En tal sentido, se identifican algunas acciones ciudadanas prioritarias para los próximos meses, que incluyen:

– Llevar a cabo una amplia campaña comunicacional para sensibilizar a las organizaciones sociales, al público y a las autoridades sobre las actuales tendencias en internet y las tecnologías digitales, ya que se trata de temas nuevos cuyas implicaciones aún no son evidentes para la mayoría de la población, ni tampoco, en muchos casos, para los decisores de políticas públicas.  Entre los temas a priorizar se destacaron: el manejo de los datos y sus impactos en la democracia; la inteligencia artificial y algoritmos y la urgencia de establecer normas; seguridad y privacidad y cómo diferenciar las herramientas a usar, sea para divulgar información pública, sea para realizar intercambios privados (canales de mensajería seguros); qué significa la propuesta de negociar el comercio electrónico en la OMC; el peligro de las ciberarmas; el gobierno electrónico y cuál es su rol para fomentar la participación ciudadana…

– Como prioridad urgente, desarrollar un debate público en cada país, y consensuar criterios, para la legislación en materia de protección y manejo de datos y contra la violencia digital.  Para contribuir a este debate, se plantea compartir experiencias y propuestas entre los diversos países; y entre los criterios a contemplar se señalan:

• Garantizar la seguridad y privacidad de las personas, como prioridad.
• Crear agencias de protección de datos que garanticen la protección ciudadana.  Los datos deben estar descentralizados y no concentrados en manos del Estado.
• Garantizar la transparencia sobre la gestión y uso de datos personales en los sectores público y privado.
• Los datos personales o los que permiten identificar a una persona deben ser declarados no mercantilizables.  Prelación de la protección de datos personales sobre el consumo y servicios.
• Limitar y normar el uso de registros biométricos.
• Establecer que los datos públicos no puedan estar en servidores extranjeros.

Al respecto, se señala, además, que a través del debate público hace falta resignificar la naturaleza de los datos, que no deben ser considerados como un bien mercantil, sino que se podrían considerar un bien social útil para las políticas públicas.  Implica también definir qué datos deben ser públicos o abiertos y cuales considerados privados.  Los datos que producen los Estados normalmente se deben considerar públicos; los que están vinculados a personas son los que necesitan protección.

– Compartir y sistematizar insumos y experiencias que alimenten la acción ciudadana, tales como: una guía de programas de software libre y herramientas de seguridad para las diferentes necesidades; una compilación de buenas prácticas de internet ciudadana; insumos sobre leyes y políticas públicas en los diferentes temas; materiales de capacitación.

Además, para la agenda de los próximos meses, se acuerda:

– Participar en la campaña de sensibilización y las movilizaciones en rechazo a la negociación del comercio electrónico en la Organización Mundial del Comercio -OMC- (y también en los tratados de libre comercio), ya que se trata de una ofensiva de las grandes transnacionales digitales y sus gobiernos para desregular todo el sector en su favor y garantizar que puedan explotar los datos sin restricción alguna.

– Impulsar propuestas en derechos digitales para el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, cuya primera sesión de negociación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se realiza en octubre de 2017.

– Apoyar la campaña mundial contra los robots asesinos y las ciberarmas.

– Canalizar propuestas hacia los procesos de integración regional, en materia de soberanía tecnológica y derechos digitales.

– En preparación del Foro Social Mundial de Internet, avanzar en los debates de estos temas en espacios internacionales como: los eventos paralelos al Encuentro Ministerial de la OMC (Buenos Aires, 9-14 de diciembre 2017); el Foro Social Mundial (Salvador de Bahía, Brasil, marzo 2018).

Se plantea, además, construir aportes para una declaración universal sobre el acceso, uso y desarrollo de internet, como aporte regional a llevar al Foro Social de Internet.

Políticas públicas

Las mesas formularon también diversas propuestas referidas a las políticas públicas. Entre ellas, se destaca la necesidad de considerar a internet como un bien público o un servicio esencial, de acceso universal, antes que un servicio de mercado; y que los servicios proveedores de internet se consideren servicios públicos.

En materia de seguridad y vigilancia, se enfatiza en una concepción de seguridad humana (a diferencia de considerar solamente la seguridad de la infraestructura y de sus dueños).  Implica tipificar la violación a la privacidad y la violencia digital, diferenciando los bienes jurídicos violados y los tipos de actores: estado, empresa, persona. Se apela también a la transparencia en el uso de los presupuestos públicos en las agencias de seguridad y evaluar su efectividad (ej cámaras de vigilancia).

Además, es necesario crear un marco jurídico para regular la aplicación de la inteligencia artificial y garantizar que los algoritmos sean transparentes.

Respecto a la soberanía tecnológica, se destaca una mirada de soberanía popular, cuya premisa sea el interés público.  Se acuerda promover la obligatoriedad del uso de software libre en los sistemas de interés público, en particular en el sistema educativo, con incentivos para el desarrollo local de software.  E impulsar leyes que garanticen la neutralidad de la red: es decir, un trato igualitario a todas las fuentes, sin favorecer a ciertas empresas o políticas de control.  Se plantea también ejercer incidencia para sacar la gestión de la propiedad intelectual del ámbito penal y situarlo en el ámbito del derecho civil.

En tal sentido es importante promover la cooperación sur-sur, por ejemplo para la infraestructura intrarregional de conectividad (anillo óptico, satélites); laboratorios colaborativos públicos y ciudadanos de creación de inteligencia artificial; fabricación de componentes de telecomunicaciones; desarrollo de plataformas regionales en internet en función de intereses propios y para reducir la dependencia de las grandes plataformas transnacionales, entre otros.

El currículo educativo debe, entre otros, contemplar de manera transversal la Ciencia, Tecnología y Sociedad; fomentar una educación crítica; impulsar la comprensión de internet como artefacto y como cultura; y promover el uso consciente de las tecnologías y sus impactos en la sociedad y la importancia de la privacidad y el cifrado.

En materia de trabajo y la economía popular, se requieren políticas que garanticen los derechos de los trabajadores ante la tendencia a una mayor precarización que resulta de la automatización y de las formas de operación de las nuevas empresas digitales (ej. las empresas de transporte que no reconocen a los choferes como sus empleados).  Y políticas de fomento del comercio electrónico que favorezcan a los PyMES y productores rurales nacionales, en lugar de crear dependencia de las transnacionales.

Hacia la internet ciudadana

La internet ciudadana se construye también a través de una multitud de acciones desarrolladas por distintos sectores.  Este proceso apuntó a fortalecer los vínculos entre ellas.  Algunas de las ideas que se mencionaron incluyen:

– Que la ciudadanía se apropie del mundo digital, produciendo contenidos propios, que respondan a su identidad, intereses, problemáticas y diversidad.  (Por ejemplo, para diversificar los contenidos en Wikipedia).  Y que asuma su poder de usar o desechar redes o empresas abusivas.

– Generar material pedagógico y de difusión; conformar brigadas de formación y concientización; realizar actividades formativas en torno a la tecnología y cultura libres.

– Impulsar intercambios, información, análisis, sobre el impacto de los cambios tecnológicos en lo laboral (precarización del trabajo), el agro, el medio ambiente, las ciudades, etc.  Y alertar sobre propuestas adversas en campos como la geoingeniería, economía verde, genómica, que tienden a potenciarse con las tecnologías digitales.

– Buscar la convergencia entre sectores tecnológicos, tecnopolíticos, movimientos populares, organizaciones ciudadanas y entidades del sector público, para construir una fuerza social organizada que impulse esta agenda.

– Sally Burch, periodista de ALAI.

Para más información sobre el Encuentro y el proceso regional “Internet Ciudadana”, visitar: internetciudadana.net