Podemos exige la retirada del decreto de vivienda de la Junta de Andalucía por favorecer la especulación

La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, ha denunciado hoy la «grave amenaza» que supone el Decreto Ley 1/2025de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, al permitir “la reclasificación acelerada de suelo dotacional para uso residencial sin garantías de vivienda accesible”. La formación ha señalado en un comunicado que la norma «abre la puerta a la especulación urbanística», favoreciendo la conversión de equipamientos públicos en “promociones privadas sin control”.

Para Velarde, este decreto «no responde a una emergencia habitacional real, sino a los intereses de grandes promotoras y fondos de inversión, que podrán lucrarse con suelo público sin obligación de destinarlo a vivienda social», subrayando que «se repite el modelo del pelotazo urbanístico priorizando el beneficio de unos pocos frente al derecho constitucional a una vivienda digna».

Podemos advierte que el decreto “elimina mecanismos esenciales de transparencia y control”, como la participación ciudadana en la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y las evaluaciones ambientales independientes, afirmando que “estamos ante un texto que facilitará adjudicaciones opacas y discrecionales, sin rendición de cuentas”.

Además, Velarde ha denunciado que la norma no impone reservas obligatorias de Vivienda de Protección Pública (VPP), “permitiendo que la mayor parte del suelo reclasificado se destine a vivienda libre o turística, inaccesible para la mayoría de la población”.

Ante esta situación, la formación morada ha registrado una “batería de preguntas al Ministerio de Vivienda para que “aclare la legalidad del decreto y estudie la posible interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional”. Entre las cuestiones planteadas, la formación pide al Gobierno que valore si la norma “vulnera el artículo 47 de la Constitución Española”, al priorizar intereses privados sobre el derecho a la vivienda, y “si incumple la legislación estatal en materia de urbanismo y sostenibilidad”.

Finalmente, Velarde ha exigido “la retirada inmediata” del Decreto Ley 1/2025 y la elaboración de una nueva normativa que “garantice el acceso a la vivienda, la protección del suelo público y mecanismos efectivos contra la especulación”, ya que a su parecer “no se puede permitir que el suelo público se convierta en el negocio de unos pocos a costa de los derechos de la ciudadanía».