Aumenta la cifra de víctimas por las masacres contra minorías en Siria

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, afirmó que el número de muertos en la costa siria desde el 6 de marzo, sigue aumentando y ascendió a mil 476 civiles, tras confirmar la identidad de otros 93 en las provincias de Tartous, Latakia, Hama y Homs.

Explicó que la cifra de masacres documentadas ascendió a 54 cometidas a sangre fría por islamistas afines al gobierno de Damasco, en el litoral y las zonas montañosas en el oeste del país.

La mayor parte de las víctimas fue registrada en Latakia con 735, luego Tartous con 466, mientras hubo 262 muertos en Hama y 13 en Homs.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó hoy a las autoridades de transición de Siria a proteger a todos los ciudadanos sirios, independiente de su etnia o religión, y pidió que el proceso político en el país sea inclusivo y esté liderado por los propios sirios.

De la misma forma, condenó la violencia perpetrada en las provincias de Latakia y Tartous desde el 6 de marzo, que incluyeron matanzas masivas de civiles, particularmente de la comunidad alauita.

Expresó su profunda preocupación por el impacto de la violencia en la escalada de tensiones entre las comunidades de Siria, y pidió a todas las partes que cesen esas acciones y actividades incendiarias y que garanticen la protección de todos los civiles, infraestructura civil y operaciones humanitarias.

La violencia estalló el pasado día 6 después que exmilitares atacaran a una patrulla de las fuerzas de seguridad en la localidad de Jableh, en Latakia, lo que llevó a miles de integrantes de facciones islamistas, algunos yihadistas de nacionalidades extranjeras, a entrar a las localidades alauitas, donde cometieron asesinatos masivos a sangre fría.

La Presidencia siria creó una comisión nacional independiente para investigar las violaciones cometidas y esclarecer las causas y las circunstancias, además de identificar a los responsables para procesarlos.

Asimismo, fue emitida otra resolución presidencial que estipula la formación de un Comité Superior de la Paz Civil.