Stop Ganadería industrial reclama a C-LM no acabar con la moratoria de macrogranjas
- El nuevo decreto de purines dejaría fuera a las macrogranjas de menos de 2.500 plazas, el 40% de las instalaciones actuales en Castilla-La Mancha.
- La reactivación de los 61 proyectos pausados supondría un incremento de 362.863 cabezas, un 19% más de cerdos y afectaría a 43 municipios de Castilla-La Mancha.
- Ecologistas en acción defiende que el actual modelo de negocio favorece a las grandes empresas integradoras y perjudica a los pueblos donde se instala y a los empresarios locales.

El pasado 28 de febrero, representantes de Stop Ganadería Industrial (organización estatal a la que pertenece Ecologistas en Acción) se entrevistaron con Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha, en Toledo, para expresar sus inquietudes ante el fin de la moratoria y la posible reactivación de los 61 expedientes que esta paralizó.
También se comentó en dicha reunión las exenciones del decreto de purines, ya que el motivo argüido por la Consejera para dejar fuera de dicho decreto a las instalaciones de menos de 2.500 cerdos de cebo fue que se las obligaría a cerrar. Toni Jorge, coportavoz de Ecologistas en Acción de la Manchuela puntualiza que las macrogranjas de menos de 2.500 plazas de cebo, representan más del 40 % de la producción de porcino de la región y la inmensa mayoría se encuentra en régimen de integración. Lo que supone que todos los gastos de la explotación corren a cargo del empresario integrado (ganadero dueño de la instalación) y en numerosas ocasiones son sufragados mediante subvenciones públicas.
Según Toni Jorge resulta escandaloso que, sin embargo, las integradoras (grandes empresas que suministran los insumos y compran los animales) no corran con ninguno de estos gastos, cuando son las que se enriquecen con los beneficios y las principales responsables de la actual burbuja de las macrogranjas.
Desde Ecologistas en Acción también denuncian que la “uberización” del sector, la precariedad laboral y la falta de salidas a las que se condena a los empresarios ganaderos del porcino, entrampados en deudas, “las agresiones medioambientales continúan y el beneficio de la actividad se va a otros lugares” sentencian.
En cuanto a estas agresiones medioambientales Ecologistas en Acción, defiende que los datos recabados por los mismos especialistas de la Consejería en su página web a través de los llamados análisis multiisotópicos, que permiten determinar el origen de la contaminación demuestran que casi el 70 % de las estaciones de muestreo analizadas por toda la región (34 de 49), la contaminación por nitratos, se debe a la ganadería industrial o a esta junto con la agricultura (y en menos medida a vertidos de aguas residuales urbanas) y sólo un 30,6% (15 estaciones) es atribuible exclusivamente la fertilización agrícola, es decir proveniente de nitratos inorgánicos.
Por otra parte, argumenta el grupo ecologista, los tribunales también se han pronunciado al respecto en una sentencia del TSJ-CLM del 15 de enero de 2018: “… queda suficientemente acreditado por los informes de los Servicios de Salud de la Consejería de Sanidad aportados de 11-12-2015 que las aguas de consumo público del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada, no siendo apta para el consumo humano. En el mismo sentido se manifiesta el perito Sr. XXXX en el informe acompañado con la demanda”.