El Ministerio de Energía contradice los objetivos de descarbonización de la UE, afirma IIDMA

El IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente), una de las principales organizaciones españolas de Derecho medioambiental, critica la posición del Ministerio de Energía y las declaraciones del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, acerca de la protección del Gobierno al carbón. En la Sesión de Control al Gobierno del 18 de octubre, Nadal se comprometió a «proteger las centrales térmicas siempre que cumplan los objetivos de emisiones de CO2», y posteriormente se opuso a la moción sobre las centrales térmicas y pagos por capacidad aprobada el 24 de octubre en el Congreso que busca el ajuste con las políticas europeas. Estas declaraciones no tienen sentido en el marco de trabajo de la Unión Europea, ya que se está trabajando con un objetivo claro para propiciar el cumplimiento con los objetivos del Acuerdo de París, lo que irremediablemente conlleva un abandono progresivo del carbón. Esto  forman parte del  proceso de transición energética y del modelo de producción y consumo. Dilatar este proceso obstaculiza cualquier transición justa, provocando inversiones poco rentables y llevando a las centrales a un cierre más traumático con menos margen de tiempo.

En su Resolución* de 4 de octubre de 2017 sobre la COP23 (Cumbre del Clima, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de noviembre), punto 22, el Parlamento Europeo «recuerda que es necesaria una descarbonización temprana si se ha de lograr ese objetivo sobre la temperatura media mundial y que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible; recuerda que las emisiones mundiales deben haberse suprimido en 2050 o poco tiempo después para mantener al planeta en una trayectoria rentable de emisiones, compatible con los objetivos de temperatura establecidos en el Acuerdo de París; pide a todas las Partes en condiciones de hacerlo que alcancen sus objetivos y estrategias nacionales de descarbonización concediendo prioridad a la eliminación gradual de las emisiones procedentes del carbón —que es la fuente de energía más contaminante—, y pide a la Unión que colabore con sus socios internacionales para dicho fin, aportando ejemplos de buenas prácticas»

El Parlamento Europeo ha dejado claro que el fin es la descarbonización total y un escenario de Emisiones 0 en 2050. Invertir en el mantenimiento del sistema en lugar de en un abandono progresivo del carbón y la incorporación de energías renovables es una medida que va en sentido contrario a estos objetivos. España, sin embargo, sigue concediendo ayudas económicas al mantenimiento del carbón dentro del sistema energético con una visión cortoplacista, como es el caso de los pagos por capacidad incluidos en la moción del Congreso, que son innecesarios, ya que España cuenta con un sistema con sobrecapacidad, en el que además, el índice de cobertura supera lo recomendado, y dichos pagos revierten en la factura de la luz. Mientras tanto, casi todos los países de nuestro entorno ya han anunciado su decisión de abandonar el carbón entre 2022 y 2030: Francia, Reino Unido, Portugal, Holanda, y la semana pasada, Italia. Incluso desde el Vaticano muestran su oposición a los combustibles fósiles, y más de 40 asociaciones religiosas, siguiendo las declaraciones del Papa llamando a la lucha contra el cambio climático, han firmado un documento comprometiéndose a la desinversión en este tipo de energía.

«La postura del Ministerio de Energía en defensa del carbón no tiene sentido en el contexto actual, y contradice los compromisos internacionales de España como el Acuerdo de París. España es un país especialmente vulnerable al cambio climático, y abandonar el carbón es prioritario para reducir las emisiones que son causa directa de este problema.» afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.