En el XXVII aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina por sus riesgos ambientales

Madrid/Sevilla, 24 de abril de 2025. Mañana 25 de abril se cumplen 27 años de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que provocó la mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha, inundando la cuenca del río Guadiamar con más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, poniendo en riesgo por contaminación extrema a Doñana . Durante meses se reconocieron gran parte de esos lodos tóxicos y se depositaron en la denominada corta de Aznalcóllar, donde se mantienen hasta la fecha. Boliden, la empresa que gestionaba la mina, nunca se hizo cargo de los costes de esas operaciones de limpieza.

En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuyos derechos mineros la Junta de Andalucía otorgó en febrero de 2015 a la empresa Minera Los Frailes , participada en un 97% por la multinacional Grupo México.

El pasado mes de julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, para la extracción y para una planta industrial de obtención de concentrados de Zinc, Cobre y Plomo, durante un período operativo de 17 años. Pero hasta la fecha todavía no se ha otorgado ni la autorización minera dependiente de la Dirección General de Minas, ni la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios realizados por la Universidad de Sevilla y en la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluido en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

La autorización ambiental incluye un vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas en el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla. Este vertido incluiría el vaciado completo de la corta de Los Frailes (15.000 millones de litros) y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar (2.520 millones de litros), de aguas ácidas muy contaminadas, durante una primera fase de 18 meses, y un vertido continuo posterior de 4.000 millones de litros anuales durante 17 años en la fase operativa de explotación minera.

Este vertido contaminaría seriamente el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.

El pasado 9 de abril, varios alcaldes y alcaldesas y representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras y las mareas blancas de médicos se han unido a científicos y científicos y al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir a la Junta de Andalucía la creación de un Comité de Expertos independientes que se pronuncia sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir, producidos por los vertidos mineros .

Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con los efectos de otros vertidos que ya se han producido o que se han autorizado en la misma zona. Así, no se ha contemplado el efecto combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada. La reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea . Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial Conservación (ZEC) , lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto han ignorado además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del Estuario del Guadalquivir. Estas cuestiones se recogen en el estudio realizado hace ya un año por el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo, quien recomienda, en aplicación del principio de precaución y el principio de no deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos vertidos mineros a esta zona protegida.

Según las organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía no ha evaluado igualmente la afección medioambiental del vertido tóxico en el Espacio Natural de Doñana, y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronuncie sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo según la legislación que rige este espacio 1 .

Por último, el concurso público que resolvió la adjudicación de derechos mineros a Minera Los Frailes en 2015 está en cuestión y es objeto de un proceso judicial actualmente en su fase final. Después de 10 años de instrucción judicial, el pasado 3 de marzo comenzó el juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla.

El resultado de este juicio podría eventualmente derivar en la nulidad de la adjudicación de los derechos mineros a Minera Los Frailes, y en consecuencia se podría deducir la ilegalidad de las autorizaciones ambientales, mineras y en materia de aguas que actualmente se están tramitando para esta empresa.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las organizaciones ecologistas exigen:

1. La suspensión provisional de la tramitación de las autorizaciones actualmente en trámite hasta la resolución del juicio oral que se sigue en relación con el proceso de adjudicación de derechos mineros a Minera Los Frailes, en consonancia con los principios de precaución y cautela.
2. La creación, con carácter previo a la autorización minera definitiva, de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
3. Un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la Unión Europea, también en consonancia con lo posible solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.
4. La rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998 cubrió de lodos tóxicos 4.634 hectáreas, contaminó 60 kilómetros de cauce del Guadiamar y costó más de 240 millones de euros públicos limpiar sus efectos. «Aquel desastre sigue vivo en la memoria de Andalucía. Hoy, a las puertas de repetir la historia, debemos recordar que el río Guadalquivir no es solo una vía fluvial, es la columna vertebral de la identidad de Andalucía. Y Doñana, declarada Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, es un símbolo de Andalucía y de España. El Gobierno andaluz no debe fallar otra vez. Aplicar el principio de precaución no es frenar el desarrollo: es otro evitar daño irreparable», subrayan las ONG ambientales.