Agencias •  Internacional •  24/04/2025

Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 por violar la ley europea de mercados digitales

Son los dos primeros casos que se resuelven con sanción bajo la nueva legislación diseñada para evitar abusos de las grandes tecnológicas.

Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 por violar la ley europea de mercados digitales

La Comisión Europea ha anunciado una multa de 500 millones de euros para Apple y otra de 200 millones de euros para Meta por sus respectivos incumplimientos de la nueva Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en los que son los dos primeros casos que Bruselas resuelve con sanción bajo la nueva legislación diseñada para evitar abusos de las grandes tecnológicas.

«Apple y Meta han incumplido la DMA al implementar medidas que refuerzan la dependencia de las empresas y de los consumidores de sus plataformas. Como resultado, hemos tomado medidas firmes pero equilibradas para hacer cumplir la ley contra ambas compañías, sobre la base de reglas claras y predecibles», ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Bruselas inició los respectivos expedientes el pasado año para investigar las restricciones que impone Apple a los desarrolladores de su App Store, que no pueden informar a los usuarios de alternativas fuera de la plataforma, y el modelo «pagar o consentir» que introdujo Meta en sus servicios.

Las nuevas reglas de la Unión permitirían a los servicios comunitarios llegar a multas de hasta un 10% del volumen de negocio de las compañías, si bien fuentes comunitarias apuntan que en el cálculo han influido factores que «mitigan» la sanción, por ejemplo el que la DMA apenas lleve un año en vigor, lo que supone un corto periodo de incumplimiento, y la complejidad de la normativa.

Con la notificación de la norma se abre un periodo de 60 días para que las compañías cumplan y, en caso de no hacerlo, Bruselas podrá tomar nuevos pasos para imponer multas adicionales diarias de hasta un 5% del volumen diario de negocio mundial de cada compañía.

Ribera, quien ha avisado de que «todas las compañías que operan en la UE deben cumplir las leyes y valores de la UE», ha puesto también en valor que la nueva legislación común es un «instrumento crucial» para «desbloquear potencial, alternativas y crecimiento» porque garantiza que los actores digitales pueden operar en «mercados competitivos y justos».

En concreto, Bruselas ha concluido que Apple incumple la DMA porque impide que los desarrolladores de aplicaciones puedan beneficiarse plenamente de las ventajas de los canales de distribución alternativos fuera de la App Store y al mismo tiempo impide que los usuarios puedan beneficiarse de ofertas alternativas y potencialmente más baratas, porque no permite a los desarrolladores informarles directamente.

Los servicios comunitarios no creen que la compañía haya demostrado que estas restricciones sean «necesarias y proporcionadas» por lo que le ordena retirarlas y que en el futuro no introduzca otros modelos con objetivo o efecto equivalente.

En el caso del modelo de Meta que impone a los usuarios consentir el uso de datos personales o pagar para evitarlo, Bruselas concluye que incumplió las obligaciones de ofrecer opciones específicas que permitieran al usuario alternativas con un menor uso de datos. Sin embargo, en noviembre del pasado año la compañía introdujo cambios que permitieron a los usuarios optar gratuitamente por un modelo de anuncios personalizados con un menor acceso a sus datos que los servicios comunitarios están ahora examinando.

Al margen de estas dos decisiones, la Comisión Europea también ha informado este miércoles de otras decisiones que afectan a las dos tecnológicas estadounidenses. Por un lado, da la razón a Meta en cuanto a que el marketplace de Facebook no debe ser sometido a las reglas más estrictas de la DMA porque tiene menos de 10.000 usuarios de negocio y por tanto su peso no es relevante.

Por otro lado, la Comisión cierra la investigación preliminar contra Apple por las obligaciones respecto a la elección de aplicaciones que los usuarios pueden descargar en sus dispositivos al introducir cambios consensuados con los servicios comunitarios que facilitan al usuario desinstalar software que vengan predeterminados con iOS.

Pulso comercial con EEUU

En una rueda de prensa en Bruselas, la portavoz del Ejecutivo comunitario Arianna Podesta ha querido dejar claro que las decisiones de Bruselas de sancionar a Apple y Meta «no tienen nada que ver con las negociaciones comerciales» en curso con Washington para resolver la guerra arancelaria activada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Simplemente no son parte de la negociación. Estamos aplicando una regulación que adoptamos hace un par de años. Por supuesto, los casos llevan su tiempo y adoptamos las decisiones una vez que están listas», ha argumentado la portavoz comunitaria, para defender que son un asunto «completamente diferente» y «no deben ser parte de una negociación comercial».

Del mismo modo, Podesta y el portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, han insistido en que las decisiones sobre Apple y Meta llegan tras un exhaustivo trabajo técnico para asegurar que el caso tiene una «muy sólida base legal» que lo sostenga si las compañías recurren ante los tribunales. Al mismo tiempo, han rechazado que el anuncio se haya retrasado para no interferir en los intentos por resolver la guerra comercial.

Regnier ha recordado que hace apenas «una semana» que Bruselas anunció el final del «trabajo técnico» y que después las decisiones han pasado al nivel político para consultar los detalles con los gabinetes relacionados dentro de la Comisión Europea. Ribera, no obstante, aseguró semanas atrás en una comparecencia parlamentaria que las primeras decisiones bajo el DMA llegarían antes de que acabara marzo.

En todo caso, los servicios comunitarios «seguirán en contacto con las compañías», ha dicho Podesta, quien ha añadido que lo que trasladará Bruselas a «socios internacionales» que se interesen por la situación es que la Unión «aplica su legislación de manera justa, sin importar la propiedad de las compañías». «Esto se aplica a este y cualquier otro caso», ha remachado la portavoz del Ejecutivo de Ursula von der Leyen.


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