Plataforma Trans pide al Constitucional que no se sume a la carrera de odio contra las personas trans

El propio Tribunal Constitucional en sentencia 99/2019 del 18 de julio de 2019 resolvió que era inconstitucional que la Ley 3/2007 excluyera a los menores, dictaminando que estos tenían el derecho a modificar su nombre y género siempre que demostraran madurez.

“ El Tribunal Constitucional no puede tomar la deriva de la ultraderecha y movimientos Anti derechos trans que van en contra de diferentes directivas tanto del Consejo de Europa como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , que abogan por el respeto a la dignidad de las personas trans y para alcanzar su igualdad, bajo el mecanismo jurídico de la libre autodeterminación del género”, declara Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans.

La ponencia preparada por el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, destaca la «situación de desigualdad y marginación que históricamente han sufrido» las personas transexuales, avala la «equiparación en el ejercicio de derechos» entre las mujeres que cambiaron de sexo en el Registro Civil y aquellas que se identifiquen con el sexo que les fue asignado al nacer. Afirma que esa equiparación «viene exigida por el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona y no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres, en tanto estamos, en todo caso, ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no».

«Ampliar derechos a quien nos los tiene no supone restárselos a quienes ya los disfrutan. Así sucedió con el matrimonio igualitario, también recurrido por el PP y que el propio Tribunal Constitucional avaló como constitucional. 20 años después el matrimonio entre personas del mismo sexo no ha restado derechos a los matrimonios heterosexuales, ni supuso la destrucción de la familia, tal y como los sectores ultra conservadores proclamaban. Continua Cambrollé

«De igual modo, posibilitar la igualdad de oportunidades y el respeto para las personas trans no resta derechos al resto de la ciudadanía. Las leyes para garantizar la igualdad no pueden ser una herramienta para legalizar la discriminación, por presiones de grupos anti derechos trans minoritarios, pero con poder en la judicatura, los medios de comunicación e instituciones al más alto nivel como el propio Gobierno, en frente esta una España a favor de la igualdad de todas las personas, incluidas las personas trans. Nuestro país ha de continuar siendo un faro para la comunidad LGTBIQA+ frente a una internacional del odio que ha hecho de las personas trans el chivo expiatorio para imponer políticas de retrocesos en avances sociales y civiles.” Concluye Cambrollé.