IU denuncia las “graves consecuencias” que acarrea la exigencia de Educación a cerca de 121.000 familias para que devuelvan las becas de Bachillerato y Universidad

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia las “graves consecuencias” que está acarreando a miles de familias que el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que lidera el también portavoz del Gobierno del PP, Íñigo Méndez de Vigo, “aplique con todas sus consecuencias el Real Decreto 1000/2012 así como las modificaciones que contiene y exija la devolución del importe de las becas de Bachillerato y Universidad a cerca de 121.000 estudiantes por no superar el 50% de las asignaturas o créditos”.

Enrique Díez, responsable federal de esta área de IU, advierte de que con esta actuación el “Gobierno del PP vulnera conscientemente los principios que rigen la finalidad de las becas como medio de compensación de las condiciones socioeconómicas de sus beneficiarios. Esta práctica afecta gravemente a la obligación que tienen las administración públicas para remover los obstáculos que impidan el acceso a la educación en igualdad de condiciones a las personas con menos recursos económicos”.

Díez advierte de que “mientras Méndez de Vigo anunció su intención de marcar una línea distinta respecto a su predecesor, lo que hace es seguir sus mismas y nefastas directrices al pie de la letra”. Lo que está pasando es que “Educación, a través de la Agencia Tributaria, está exigiendo la devolución del importe de la beca como una cantidad indebidamente percibida, obligando a muchas personas a pedir un crédito para devolver una ayuda que se les concedió por bajos ingresos”.

Ante estos hechos, Izquierda Unida exige “que se condone la deuda a estudiantes y familias a quienes se les exige la devolución de la beca por este concepto. El mismo Gobierno del PP que destinó ingentes cantidades de dinero público a rescatar bancos y que aprobó una amnistía fiscal para que se beneficiaran los defraudadores debe aprobar los mecanismos necesarios para modificar revertir esas devoluciones a las que obliga a miles de familias. Es necesario que deje de aplicar el artículo correspondiente al reintegro y que se elimine este requisito de la próxima convocatoria de becas generales y de movilidad”.

Enrique Díez recuerda que la redacción de este ‘Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar, y las cuantías de las becas y ayudas al estudio’ ha producido un “cambio sustancial sobre la función de la beca, orientada a garantizar el derecho a la educación. La han convertido en un mero modelo de incentivos o premios al resultado académico que elimina el concepto de beca como derecho”.

“A partir de las modificaciones incluidas -explica el dirigente de IU-, la cuantía de la beca queda supeditada a variables que no tienen vínculo directo con las condiciones sociales o económicas, sino que se introduce el rendimiento académico como uno de los factores más determinantes para una parte sustancial de la beca”.
Advierte, además, que “la introducción de una nota mínima superior al 5 supone una discriminación del alumnado con bajos recursos económicos frente al que sí dispone de más medios, que puede acceder al sistema con menos nota por no tener necesidad de pedir beca, con lo que se vulnera el principio de equidad”.

Otra modificación importante es la inclusión como una obligación de los beneficiarios de destinar la beca a una finalidad determinada, entendiendo que la no superación del 50% de los créditos o asignaturas en los que se hubiera matriculado supone no haber cumplido con tal obligación, aunque este alumnado asistió a clase, a los exámenes y adquirió el material necesario para realizar sus estudios. Ello acarrea el reintegro del importe total de la beca, lo que incluye la ayuda por transporte y por residencia en el caso de haber cursado estudios en una comunidad autónoma distinta.

Este concepto ha supuesto que a algunas familias y alumnos “se les exija en determinados casos hasta dos años después de finalizado el curso que devuelvan la ayuda que se les concedió por no disponer de medios económicos”.