Estos primeros artículos estipulan que los principios y bases para lograr precios acordados se generen mediante un diálogo de corresponsabilidad entre todos los sectores, que den estímulo a la comercialización de 50 bienes y servicios priorizados por el Estado, considerando la estructura de costos en función de la estabilidad de los precios.

En ellos también se establece como finalidades idear una política de precios acordados fundamentada en la paz social, justicia, participación, contraloría social y los Derechos Humanos.

Además, buscan estimular la producción, comercialización y distribución; garantizar la disponibilidad de productos y bienes priorizados según los precios acordados. Asimismo, establece garantizar la soberanía alimentaria, el abastecimiento y el desarrollo económico y la estabilidad de precios.

El artículo tres indica que esta Ley se “aplica tanto a personas naturales como jurídicas de derecho público o privados que participan e intervienen en actividades de producción, almacenamiento, factura, transporte, intercambio, distribución y comercialización de productos priorizados, así como el régimen de importación y exportación”.

Fomentar el diálogo entre los sectores públicos, privados, comunal y los trabajadores es el objetivo del cuarto articulo; al tiempo que el quinto hace referencia a las disposiciones de la ley que en este caso se ratifica de orden público y de interés general.

El último punto aprobado este martes, indica que esta ley debe interpretarse para garantizar la protección de los Derechos Humanos, la seguridad alimentaria, la paz económica, la estabilidad de precios y la defensa de la nación.

Estabilizar la economía nacional

En el debate tomó la palabra el constituyente Eduardo Píñate, quien consideró que este proyecto ley busca estabilizar la economía nacional, sector que ha sido atacado por factores nacionales e internacionales, como parte de la guerra económica y de asedio financiero.

“Creemos que en ese diálogo que se establece en la mesa de precios acordados está la clave para seguir avanzando en el proceso de normalización de la vida económica y del sistema de establecimiento y fijación de precios en Venezuela”, enfatizó, en transmisión de ANTV.

Precisó que el instrumento legal promueve el diálogo con los sectores productivos y de la economía nacional para darle seguimiento y fijar de manera conjunta los precios de 50 productos, bienes y servicios.

“A estas mesas concurren sectores públicos, privados, de la economía comunal y trabajadores organizados, así comos los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)”, manifestó. Asimismo, precisó que la contraloría social será importante para la consolidación y cumplimiento de esta ley.

En esta línea también coincidió el vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, quien indicó que señaló que esta ley busca resolver las necesidades del pueblo sin violentar y ahuyentar a productores.

Por su parte, el constituyente Gerardo Barrera, quien también participó en el debate, recalcó que este instrumento jurídico busca blindar la transparencia económica para vencer la inflación inducida, promovida por factores desestabilizadores.

Refirió que la ley es “un diálogo nacional, al cual nos convocó el presidente Nicolás Maduro con sectores productivos de nuestro país, con los campesinos, trabajadores, empresarios, la pequeña y mediana industria para llegar a precios acordados donde nosotros acompañamos al pueblo para vencer la guerra económica”, expresó.

Acuerdos aprobados

En la sesión de este martes, la ANC también aprobó por unanimidad un acuerdo en respaldo al Gobierno Nacional que lleva a cabo el proceso de refinanciación de la deuda externa de Venezuela, y otro que rechaza las sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea en contra del pueblo venezolano.

Al respecto, la presidenta de la instancia Plenipotenciaria, Delcy Rodríguez, refirió que Venezuela es blanco de ataques tras la instalación del Poder Originario, convocado por el presidente Nicolás Maduro ante los planes violentos de la derecha nacional e internacional.

Tras las elecciones del 30 de julio para elegir los miembros de la ANC y el proceso electoral del 15 de octubre en la que se eligieron los nuevos gobernadores de Venezuela, el gobierno de EEUU tomó medidas contra el pueblo, funcionarios y, posteriormente aprobó una orden Ejecutiva que prohíbe las negociaciones de deuda nueva y capital por parte del Estado venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal empresa del país.

Ante esta situación, señaló que “la respuesta de nuestro pueblo fue: le vamos a derrotar y los derrotamos en cada evento electoral como va ocurrir con total seguridad el 10 de diciembre cuando libremos nuevamente la batalla de Santa Inés”.

Tras la reunión con los tenededores de bono de Venezuela, celebrada este lunes en Caracas, el país comenzó a neutralizar el cerco financiero que promueven Estados Unidos y sectores de la oposición venezolana, indicó este martes el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez.

“De manera coordinada y clara estamos venciendo el cerco que intentó la administración Trump, el señor Julio Borges y otros representantes de la derecha en Venezuela”, señaló el ministro al tiempo que destacó que al encuentro convocado por el Ejecutivo acudió la gran mayoría de los tenedores de bono.

“Ayer se inició refinanciamiento de deuda externa. Estamos venciendo el cerco”, afirmó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV) desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, luego de culminar un consejo de ministros,

Asimismo, anunció que este martes inició inició el proceso de pago de intereses del servicio de deuda externa de Venezuela.

El ministro se refirió a la importancia de esta estrategia diseñada por el gobierno nacional para dar la batalla a los constantes ataques nacionales e internacionales que recibe la economía venezolana.

“Frente a esa intención de ahogar financieramente la economía venezolana, el presidente Nicolás Maduro diseñó una estrategia para refinanciar la deuda externa de Venezuela y, en consecuencia, dejar con los ‘crespos hechos’ a estos genuflexos de la derecha venezolana que se dirigieron a los centros en la Unión Europea, a los centros financieros internacionales rogando para que se agrediera la economía de Venezuela”, dijo.

A principios de noviembre, el jefe de Estado anunció la creación de una comisión presidencial para consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa, esto con el propósito de librar las agresiones financieras que desde el exterior se tejen contra el país y dar continuidad a todas las políticas sociales que garantizan derechos fundamentales a los venezolanos.

Durante los últimos tres años, Venezuela ha cumplido con los pagos de la deuda externa por un monto total de 73 mil 539 millones de dólares.