IU lleva a debate en ayuntamientos y diputaciones una moción que incluye importantes propuestas con motivo del 25N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

Jueves, 23 de noviembre 2017.

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de la Mujer y en colaboración con la responsabilidad federal de Política Municipal, ha elaborado una moción para llevarla a debate y que sea aprobada en todas las entidades locales donde IU tiene representación con motivo del próximo 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Entre otras propuestas destacadas la iniciativa plantea que en el ámbito local de cada ayuntamiento o diputación se realice una “Declaración de Municipio/Provincia libre de violencia de género” como “primera medida del rechazo frontal hacia esa lacra social”.

El propio texto advierte de que “evidentemente dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas”.

IU comparte la demanda expresada por el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres para que la violencia de género “no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras expresamos que la violencia machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encararla en el ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la sociedad”.

La moción que desarrolla IU propone también implantar tanto un “protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento/Diputación” como un “Plan por la Igualdad y contra la Violencia de Género, en coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente”.

Al Área Federal de la Mujer de Izquierda Unida le preocupa especialmente, de ahí que lo incluya de forma destacada entre sus propuestas, que se refuercen “los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención en las mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad”.

Este punto es fundamental para ejecutar “políticas de prevención, sensibilización y detección, que engloben la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista”.

La parte propositiva de la moción incluye también que se desarrollen “políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de género”. Esto se llevaría a cabo “ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tengan relación con la explotación sexual, con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que, de forma directa o indirecta, permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación”.

El texto elaborado de cara al próximo 25N recoge también “eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información turística,…) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien”.
No se olvida solicitar que en el ámbito escolar se implanten “actividades complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación”.

Izquierda Unida deja constancia en su texto que el Pacto de Estado contra la violencia “por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido sólo una puesta en escena con medidas que, en demasiadas ocasiones, son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y vigentes. No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto, deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencias que son realizadas por agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer”.

El análisis incluye señalar que “la brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor es la fórmula que el Estado opresor tiene para manifestar que seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral condicionando nuestra autonomía económica para mantenernos subordinadas”.