El Ejecutivo dice a IU ‘no disponer de información’ de cuántas personas disfrutan de escolta en la Casa del Rey, en Presidencia del Gobierno o a través de la Policía adscrita a las autonomías

Lunes, 27 de noviembre 2017.

El Gobierno del PP asegura ‘no disponer de información’ y, por ello, no facilita los datos pertinentes sobre los ‘servicios de protección de escolta desempeñados por el Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey, por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno o por las Unidades de la Policía Nacional adscritas a las Comunidades Autónomas’.

Este extraño reconocimiento de falta de información se incluye en la respuesta escrita que ha facilitado el Ejecutivo al diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto. Éste registró el pasado mes de agosto, tal y como permite Reglamento de la Cámara Baja, una solicitud de datos e informes contestada ahora tres meses después en la que, entre otras cuestiones, pedía las cifras del “número de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran actualmente dedicados a los servicios de escolta personal”, dato que tampoco facilita el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sixto también solicitó las cifras del número de personas que tanto “en el ejercicio de su cargo como autoridad o alto cargo público” como quienes “ya no están en el ejercicio” de los mismos “tienen servicio de escolta personal actualmente”.

Sobre estos últimos puntos el Ejecutivo sí se indica que ‘118 personalidades y cargos públicos nacionales o autonómicos disponen en el momento actual de un servicio de protección de escolta a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, así como ‘28 ex cargos públicos’.

La contestación también detalla que ‘en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado’.

Por otra parte, el Gobierno se acoge a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e incluso a normas de 1968 para no facilitar más datos, en base a que se trata de ‘información clasificada’.

En concreto, señala que ‘por último, se indica que el resto de datos o documentos solicitados contiene información clasificada al amparo de lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, por lo que el acceso a los mismos se ha de regir por lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales’.

Junto a todo ello, el Ejecutivo indica que ‘cabe señalar que la Instrucción nº 3/2012 de la Secretaría de Estado de Seguridad, ampliada por la nº 6/2012, es la que establece los criterios y condiciones que determinan la asignación, coordinación o retirada de los servicios de protección de las personas que lo requieran por razón de su cargo o por su elevado nivel de riesgo personal’.