Los artículos de la Constitución del 78 más incumplidos

No son pocos los derechos sociales que la Constitución de 1978 otorga al pueblo español. Reconoce muchos pero no es capaz de garantizar que la mayoría se lleven a cabo por las instituciones que tienen potestad y poder para ejecutarlos. La Carta Magna del 78 no supo –o no quiso– recoger los mecanismos democráticos necesarios para obligar a que esos derechos recogidos en sus ilustres páginas fueran una realidad. Precisamente esa realidad, la de la España de finales de 2017 muestra que muchos artículos de la Constitución monárquica no se cumplen cuando las condiciones objetivas así lo exigen.

Artículo 14. «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social«. Este artículo lleva incumpliéndose desde el 27 de diciembre de 1978, día en que el rey emérito Juan Carlos I sancionó la Constitución. Oficialmente, es el rey el único que no responde por sus actos, pero como se demostró durante el Caso Nóos, su familia, incluso la política, está por encima de la ley que rige para el resto de los ciudadanos. La aristocracia, como ejemplificó el Barón de Claret, ministro de Educación, también es capaz de saltarse la ley.

Artículo 15. «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes«. Cuando el Señor X, también conocido como Felipe González, montó los GAL para terminar con ETA sin pasar por la justicia, debió hacer una interpretación muy libre de este artículo. La misma que sus sucesores al frente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy con los Centros de Internamiento para Extranjeros o con los hermanos republicanos Nayara y Eduardo, entre muchos otros casos. La situación es tan grave que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho ocasiones por permitir a las fuerzas de seguridad torturar impunemente.

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Artículo 20 «Se reconocen y protegen los derechos«:

a) «A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». La Audiencia Nacional no aplicó este derecho a la tuitera Cassandra Vera, quién hizo unos chistes sobre el vuelo sin motor de Carrero Blanco. Ni a Pablo Hásel, César Strawberry, Facu Díaz ni la Policía Nacional a una chica que iba por la calle con un bolso en el que se veía un diseño con la cara de un gato y las letras A.C.A.B., que significa All Cats Are Beautiful (todos los gatos son hermosos en castellano). Existen otros muchos casos que demuestran que no se cumple la Constitución en esta sección del artículo 20.
b) «A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica». La revista satírica El Jueves ha sido secuestrada por hacer humor con miembros de la Casa Real y su director está actualmente imputado por hacer un chiste sobre la Policía Nacional.

Artículo 35. «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». La realidad económica neoliberal -impuesta en la Constitucuón en el artículo 38- y la social machista impide que este artículo se pueda cumplir. El trabajo temporal que ha llegado a hacer contratos por horas, un suedo mínimo que no es suficiente para mantener a una sola persona y un paro que en algunos sectores sociales se dispara por encima del 40% se unen al salario de las mujeres, por debajo del de los hombres incluso cuando desempeñan el mismo cargo.

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Artículo 42. «El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno». Al incumplir el artículo 35 de la Constitución del 78, cientos de miles de jóvenes españoles residen fuera del país en busca de un trabajo que les permita tener una vida digna al no poder encontrarlo en España. No existen, por parte del gobierno, políticas que favorezcan en retorno porque no considera este exilio laboral como un problema. El propio ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, considera que los jóvenes que se van lo hacen por «amplitud de miras«, creyendo como dijo después «por deformación profesional» que la situación era como la de su familia, con sus hijos viajando por el mundo cómoda y lujosamente para formarse.

Artículo 45. «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva«. Centrales nucleares, recortes en las brigadas antiincendios, vulneración constante de los tratados internacionales en materia de medioambiente, pesca de arrastre, incumplimiento de las normas de seguridad que provoca episodios como los del Prestige, apoyo a la industria automovilística, permisividad en la tala de árboles y en la caza de especies protegidas, el modelo turístico de masas, el apoyo a las energías sucias y la oposición a las renovables, entre otras cuestiones como salvar a las empresas privadas que contaminan, como la actual ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina impiden la ejecución real de este artículo.

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Artículo 47. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Desde el inicio de la crisis, en España agravada en alto grado por la burbuja inmobiliaria permitida por los poderes públicos que debían impedir la especulación, han sido cientos los ciudadanos y ciudadanas que se han suicidado por no poder afrontar el pago de una vivienda. Los bancos han desahuciado a decenas de miles de familias de sus hogares sin por ello perdonar la deuda, algo que escandalizó al ex presidente Rafael Correa de Ecuador en una de sus visitas diplomáticas a España. Los fondos buitre y conglomerados de hormigón en los que hoy no vive nadie como Marina d’Or son pozos negros de corrupción creados y aprovechados por los poderes públicos para enriquecerse a costa de un derecho constitucional. Y cuando se ha legislado se ha hecho para ayudar a la banca privada a desahuciar más rápidamente.

Gonzalo Sánchez. Twitter: @ProtestFor36