Fiscalía insta al Ministerio de Cultura a reclamar Documentos de la Fundación Franco

La Fiscalía General del Estado ha remitido al Ministerio de Educación y Cultura la documentación presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) acerca del origen del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La ARMH presentó ante la Fiscalía General del Estado las referencias del archivo de la Fundación Franco puesto que contiene numerosa documentación que ha sido generada o recibida por la administración del Estado. Lo que la asociación requería de la Fiscalía es que iniciara una investigación para conocer si la propiedad de esos documentos es del Estado para que en ese caso se tomen las medidas legales necesarias para que la fundación devuelva lo que sea de propiedad pública y en todo caso se tomen las medidas penales previstas si la documentación hubiera sido apropiada indebidamente.

En la respuesta remitida por la Fiscalía se pone en conocimiento de la ARMH que se da traslado al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y en concreto a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico que es el organismo que tiene entre sus competencias iniciar las acciones legales y administrativas en caso de que el Estado tenga que exigir a la Fundación Franco la devolución del patrimonio documental del que pidiera haberse apropiado.

Entre los miles de documentos que se encuentran en la Fundación Francisco Franco se incluyen informes del Estado, comunicaciones de embajadas y algunas informaciones que podrían constituir un delito de revelación de secretos, pues afectan a los acuerdos y relaciones del Estado español con otros países.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que el Ministerio de Cultura y Educación tome todas las medidas necesarias para recuperar los archivos que puedan ser de propiedad pública, así como las medidas punitivas que sancionen la apropiación documental si es que la hubiera. Para la asociación es de extrema gravedad que el Estado permita la existencia de la Fundación y que tratándose de una organización orientada al enaltecimiento de un genocida pueda haber disfrutado la de connivencia del Estado en el uso de una documentación que de ser de titularidad pública nunca debería haber formado parte del archivo de la Fundación. También considera paradójico que el mismo ministerio que debería haberse interesado por la propiedad legal de esos documentos sea el que subvencionó a la Fundación Franco bajo el Gobierno de José María Aznar en los años 2000, 2001 y 2002.