Podemos Andalucía considera que el caso de la campaña del 4D contratada por el Parlamento es “aún más grave” tras analizar el expediente de contratación

Tras analizar el expediente de contratación de la campaña en redes, con motivo del 4D, encargada por el Parlamento de Andalucía a una empresa de Madrid, en la que trabaja el sobrino del presidente del Parlamento, Podemos Andalucía considera que este caso toma un cariz aún más grave.

El expediente, de tres únicos folios, deja al descubierto que la campaña tiene un precio de 16,996,87 euros, 2.996,87 euros más de la cifra aportada por Presidencia días atrás.

Además, en comparación con otros expedientes similares, no aparece la retención del crédito. Tampoco hay ningún documento firmado por el personal administrativo de la Cámara que haya participado en el procedimiento para acreditar que cumple con la normativa de contratación pública.

Por otro lado, las fechas de la memoria justificativa, invitan a pensar que la empresa empezó a hacer el vídeo sin que se hubiera tramitado el contrato.

Por tanto, queda de relieve, que las explicaciones dadas por el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, no sólo son insuficientes, sino que generan serias sospechas por la falta de cumplimiento de la legalidad, que invitan a pensar que debiera llevarse a cabo por esta institución una auditoría para comprobar que no existen menoscabos legales por dicha contratación.

En particular, a Podemos Andalucía le preocupa que se haya incumplido el Artículo 60. Prohibiciones de contratar, del texto refundido de la Ley de Contratación Pública, donde se especifica en el punto 1, apartado g, “La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.”

También le preocupa que se ha incumplido la Ley de Contratación Pública en su artículo 138. Proceso de Adjudicación, que especifica, tras la modificación en vigor del pasado 3 de marzo de este mismo año, que en los contratos de servicios de suministros no se puede superar en ningún momento los 15.000 euros IVA incluido, y el contrato efectuado por el Presidente del Parlamento se acercaría a los 18.000 euros. Además, prevé que se ha de contar previamente con un presupuesto, y que sin perjuicio de lo establecido en la norma, es recomendable contar al menos con tres ofertas de empresas capaces de cumplir los mismos.