El Gobierno señala a IU que la regulación de los alquileres turísticos por cada comunidad y ayuntamiento “provoca una heterogeneidad que puede generar conflictos e incertidumbre”

Miércoles, 20 de diciembre 2017.

El Gobierno del Partido Popular señala a Izquierda Unida que en relación a los graves problemas que se arrastran en la oferta, la actuación de las empresas y la gestión pública en un buen número de localidades de todo el Estado de los alquileres turísticos de viviendas ‘el hecho de que cada Comunidad Autónoma y Ayuntamiento estén regulando esta cuestión está provocando una heterogeneidad normativa que puede generar conflictos e incertidumbre’ lo que lleva, según opina el Ejecutivo, a que ‘desde el sector comienza a reclamarse que se elabore una normativa estatal sobre alquiler, que englobe el turístico y el tradicional, y que haga frente a los grandes retos a que se enfrenta el mercado del arrendamiento en este país’.

Los responsables del Ejecutivo en esta materia se expresan así en la respuesta escrita que han trasladado al diputado de IU Ricardo Sixto, quien en una iniciativa parlamentaria registrada el pasado mes de septiembre pidió explicaciones concretas sobre si “¿tiene previstas el Gobierno modificaciones en el marco estatal para establecer una regulación básica en materia de alquileres turísticos?”

Además, el Gobierno detalla al parlamentario valenciano de Izquierda Unida en relación a la lucha contra el fraude fiscal en esta materia que ‘el Ministerio de Hacienda y Función Pública ultima un proyecto de Real Decreto para modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, en el que se endurecen los controles sobre las plataformas de alquiler vacacional, que deberán declarar al Fisco la actividad de los alquileres que aparecen en sus páginas con mucho más detalle que hasta ahora’.

Ricardo Sixto señaló al Ejecutivo en su iniciativa que “la disparidad normativa en la materia puede generar además problemas de información para usuarios y arrendadores, generar confusión o inseguridad jurídica”, no obstante, advirtió de que “una legislación estatal que intente armonizar la cuestión podría chocar con las particularidades de cada territorio, que son recogidas y solucionadas con mayor conocimiento y efectividad por las administraciones territoriales. La UE tampoco ha entrado en la regulación de este tipo de alquileres”.

El Gobierno, por su parte, recuerda que ‘el alquiler vacacional ha estado regulado hasta junio del 2013 por una normativa de ámbito nacional, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha sido modificada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, para excluir este tipo de actividad de su ámbito de aplicación. De este modo, a partir de 2013, el alquiler vacacional pasa a depender de la normativa sectorial de cada Comunidad Autónoma, siempre y cuando exista regulación al respecto’.

Moncloa justifica esta importante modificación legal alegando ahora que ‘respondía al significativo aumento que se viene produciendo en los últimos años del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos’.

Sixto expone también al Gobierno en su iniciativa parlamentaria que “es evidente que los portales como Airbnb y Homeaway han modificado completamente la práctica del alquiler de pisos a turistas y el número de viajeros que escoge esta fórmula crece con fuerza”. Indica, además, que determinadas actuaciones pueden provocar “serios problemas para muchos residentes, por no hablar de las denuncias de competencia desleal de la patronal hotelera y de alojamientos turísticos”.

El Gobierno detalla el ‘endurecimiento’ fiscal que pretende desarrollar y asegura que ‘este control se plasmará en que las empresas o particulares, que intermedien en arrendamientos, deberán presentar periódicamente una declaración informativa especial que incluirá el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes, los días que arrendaron el inmueble, el importe cobrado y el número de referencia catastral de cada inmueble. Asimismo, los caseros deberán guardar los datos de los arrendatarios’.

‘Con fines de prevención del fraude fiscal -añade- se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas ‘plataformas colaborativas’, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos’.