Redacción •  Vivienda •  11/01/2018

‘La primavera verde’ regresa al Congreso

La Ley recopila las históricas demandas y soluciones que viene exigiendo la plataforma desde su nacimiento.

‘La primavera verde’ regresa al Congreso

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó ayer su Ley de Vivienda con el apoyo de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea y otros grupos parlamentarios. «Esta es una ley de todas las personas que viven a flor de piel la inseguridad por poder quedarse en la calle y perder su hogar» aseguraba esta mañana Luis Sanmartin, portavoz de la Ley de Vivienda de la PAH presentada esta mañana en el Congreso de los Diputados. El texto pretende  instar a todas las fuerzas políticas del país a asumir un compromiso firme con las demandas históricas de los colectivos sociales en materia de vivienda. 

En nuestro país se han producido más de 500.000 desahucios desde 2009.  Actualmente, estas cifras, lejos de reducirse se ven aumentadas extendiéndose a los desahucios por alquiler. Esta grave situación ha puesto a España frente a una sentencia de la ONU donde se dictamina que en el Estado español se vulneran los Derechos Humanos al producirse desahucios sin alternativa habitacional. La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, recordaba esta mañana en declaraciones a la prensa que a los españoles nos cuesta más de 100.000 euros diarios que España ignore las transposición de la Unión europea en materia de vivienda «es urgente que esta Ley se debata en el Parlamento para que se garanticen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y para pararle los pies a los fondos buitre» añadió. 

La Ley recoge propuestas como la dación en pago retroactiva y la responsabilidad limitada del deudor hipotecario, la regulación de los precios del alquiler, el realojamiento de familias en situación de emergencia social en pisos injustificadamente vacíos o garantizar el suministro de agua, luz y gas. Con el debate y tramitación de esta Ley se pretende interpelar a nivel estatal a parlamentos autonómicos, ayuntamientos, colectivos y a la sociedad en general para que en España se garantice el derecho constitucional a la vivienda.


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