Un informe policial solicita al juzgado nº8 de Sevilla la identificación de los responsables de la contratación de medios aéreos para la cobertura de emergencias sanitarias en Andalucía, ante indicios de delito

CGT mantenía que las contrataciones denunciadas pueden ser objeto de un delito de organización criminal del art. 570 ter y quater del Código Penal y un delito de alteración de precios en concursos públicos del art. 262 Código Penal, -sin perjuicio de cuantos en su momento puedan ser objeto de ampliación-

A juicio de CGT Andalucía, existían  indicios racionales de criminalidad en cuanto a la existencia en un delito continuado de alteración de precios en concursos públicos, convocados por las Administraciones Públicas, en la que intervienen de forma coordinada un conjunto de empresas (FASSA AVIACION SA e INAER HELICOPTEROS SAU) a lo largo del tiempo, resultando muy revelador esta triple coincidencia:

a) Que siempre sean las mismas empresas las adjudicatarias de los concursos a lo largo del tiempo.

b) Que siempre resulten adjudicatarias de los mismos lotes.

c)  Y que siempre resulten adjudicatarias por el mismo importe que el licitado.

Se da la circunstancias que las empresas reiteradamente adjudicatarias de los servicios de transporte de órganos y del transporte aéreo de emergencias sanitarias son las mismas que ya están involucradas en el denominado “cartel del fuego” también mediante contrataciones de la Junta de Andalucía a través de la AMAYA (AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA) para los servicios aéreos contraincendios y en base a ello la Fiscalía de Málaga trasladó la denuncia de CGT Andalucía al juzgado de instrucción número 8 de Sevilla que instruía el caso.

Con la denuncia formulada, CGT-A pretendía que los responsables de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y los de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) dieran explicaciones sobre las concesiones de medios aéreos durante años a las mismas empresas, en los mismos lotes y por el importe licitado, quedando en evidencia la colusión empresarial y la complicidad de la Administración, de sus responsables de contratación y de los máximos representantes de la EPES 061 al no haber recurrido a la COMISION ANDALUZA DE LA COMPETENCIA las reiteradas adjudicaciones y sus condiciones.

Pretensiones que la policía judicial de Sevilla ha estimado íntegramente, al solicitar a la juez encargada del caso dicte auto de mandamiento judicial a la Consejería de Salud y a la EPES 061 por el que informen de la identidad de los responsables de los órganos de contratación y de la mesa de contratación a fin de determinar las responsabilidades penales de quienes debieron velar por el cumplimiento de la legalidad y no lo hicieron así como el motivo que les llevó a no hacerlo desde 2010 hasta la actualidad. La juez ha emitido providencia de fecha 9 enero 2018 por la que solicita se remita oficio a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que en el plazo de cinco días se entregue a la policía judicial lo requerido.

Se hace preciso señalar que en el Juzgado de Instrucción 10 de Málaga se viene instruyendo otra denuncia (autos 2201/16) que CGT formalizó ante la Fiscalía contra la EPES 061, relativa a las concesiones de la gestión telefónica de emergencias 061 y su falta de rigor en la exigencia del cumplimiento de los pliegos de condiciones a Ilunion Emergencias (ONCE)

CGT-ANDALUCÍA