El Gobierno se ‘lava las manos’ y apunta a la Junta de Andalucía ante la exigencia de IU para que explique cómo va a evitar que EE.UU siga despidiendo a trabajadores españoles de la base de Morón

Jueves, 18 de enero 2018.

El Gobierno del Partido Popular se ‘lava las manos’ a la hora de intervenir, mediar entre las partes o plantear alguna solución efectiva en el grave conflicto laboral que se arrastra desde hace años en la base aérea estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla), donde se han ejecutado ya centenares de despidos de trabajadores españoles para sustituirlos por personal norteamericano. Este hecho lo refleja con claridad la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo remite ahora al diputado de IU por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, y la diputada de esta misma formación, Isabel Salud, tras la pregunta que registraron en el Congreso en noviembre.

Los parlamentarios de IU plantearon al Ejecutivo del PP cuestiones muy concretas, entre ellas si “¿piensa el Gobierno solicitar al de Estados Unidos que paralice la política actual de las empresas adjudicatarias de sustituir progresivamente trabajadores españoles por americanos, como por ejemplo está ocurriendo actualmente en el departamento de bomberos?”, si “¿va a intervenir el Gobierno para facilitar la interlocución directa del comité de empresa de Vectrus con las autoridades estadounidenses en la base de Morón y garantizar los derechos laborales de los trabajadores?” o si va a exigir a la Administración de Donald Trump que aclare “cuáles son sus planes de futuro para la base de Morón”.

El Gobierno de Mariano Rajoy elude en su respuesta cualquier responsabilidad y pasa la ‘patata caliente’ de forma reiterada al Ejecutivo autonómico andaluz. Así, pese a tratarse de una cuestión que afecta a las relaciones hispano-norteamericanas y al normal funcionamiento de esta importante base militar, desde el Ministerio de Defensa que dirige María Dolores de Cospedal señalan que ‘se trata de un conflicto laboral de alcance exclusivamente local entre una determinada empresa (de naturaleza privada y origen estadounidense), que según la información facilitada tiene un único centro de trabajo radicado en Morón de la Frontera, y sus trabajadores. De existir o haber existido alguna intervención por parte de la autoridad laboral, se trataría de un asunto competencia de la Junta de Andalucía’.

De la misma forma, el Ejecutivo del PP echa también ‘balones fuera’ ante la pregunta de Bustamante y Salud sobre “¿qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno para recuperar el empleo perdido y contribuir a disminuir la elevada tasa de desempleo que padece la comarca sevillana en la que se sitúa la base aérea?” Se limita a indicar que ‘cabe señalar que la gestión de políticas activas de empleo corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) con competencias transferidas en materia de empleo y formación’.

El Gobierno explica que en la Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, de distribución de fondos para el ejercicio económico de 2017, ‘para su gestión por las CC.AA con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la cantidad que se ha asignado a la Comunidad Autónoma de Andalucía para esos fines en el mencionado año ha ascendido a 398.149.264 euros’.

Moncloa apunta también con el dedo a la Junta de Andalucía sobre lo que podría hacer por su cuenta para activar el empleo en la comarca donde se ubica la base de Morón con el dinero estatal que le transfiere. Detalla que ‘en el Programa de Fomento del Empleo Agrario para la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido asignada para el año 2017 a la provincia de Sevilla la cantidad de 34.311.495 euros, un 3% más que la cantidad asignada en el año 2016’.

Mientras el Gobierno desvía responsabilidades alegando cuestiones de competencia, IU prefiere denunciar situaciones concretas. Al tiempo que seguían en los últimos meses los despidos en Morón, en paralelo aumentaba el número de empleados estadounidenses “hasta totalizar más de 80”, dándose la paradoja de que “mientras se procedía a despedir a 5 trabajadores españoles en el departamento de bomberos, se contrataba a 3 bomberos estadounidenses”.

Sin contar estos despidos recientes, la anterior concesionaria que gestionó los servicios civiles en Morón -VBR- eliminó en los últimos años 245 puestos de trabajo de españoles. Miguel Ángel Bustamante e Isabel Salud denuncian que esto se hace “en el marco de una militarización de departamentos cubiertos por trabajadores de nuestro país y con constantes denuncias de los sindicatos por incumplimiento de la legislación laboral española y vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Izquierda Unida advierte al Ejecutivo en su iniciativa que EE.UU sigue echando ahora a los empleados españoles a pesar de que tras la última revisión del convenio de cooperación entre España y Estados Unidos, donde se regula el uso de la base como sede permanente de las fuerzas militares americanas, “el contingente estadounidense establecido en la base de Morón pasaba de unos 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acogía mediante prórrogas anuales a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, dicha enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite adicional para despliegues temporales, de tal forma que la base puede acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales”.

El Gobierno del PP reserva el último párrafo de su respuesta para indicar, de forma muy genérica, que “por último, cabe indicar que el Ministerio de Defensa plantea a las autoridades de los Estado Unidos de América, siempre que tiene oportunidad, su preocupación sobre la situación laboral en la zona donde se encuentra la Base Aérea de Morón, y seguirá abordando el problema en todos los foros y circunstancias que sean adecuados”.