En 7 años, UCA-UCE ocultó a la Junta 440.000 euros en facturas emitidas desde una sociedad instrumental
FACUA reclama al Gobierno de Susana Díaz que investigue los motivos de los pagos y los nombres de las empresas que abonaban las cantidades a EdiUCA SL.
En sólo siete años, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ocultó a la Junta ingresos por importe de 440.000 euros facturados a distintas empresas desde una sociedad instrumental, EdiUCA SL.
FACUA Andalucía ha accedido a estos datos tras analizar las cuentas de EdiUCA SL de los años 2008 a 2014. La sociedad no ha vuelto a depositarlas desde entonces en el Registro Mercantil. Sólo contaba con un empleado y el año pasado fue declarada insolvente por los juzgados de lo social al igual que su propietaria y administradora única, UCA-UCE.
La Unión de Consumidores de Andalucía acumula cientos de miles de euros en deudas con trabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la propia Junta de Andalucía. Pese a que desde hace años tiene que reembolsarle 78.000 euros por irregularidades en la justificación de subvenciones, el Gobierno andaluz sigue abonando miles de euros en dietas a directivos de UCA-UCE por participar en decenas de órganos consultivos.
Sólo han trascendido los nombres de tres pagadores
Además de exigir la inmediata expulsión de UCA-UCE del registro autonómico de asociaciones de consumidores, FACUA Andalucía reclama del Gobierno de Susana Díaz que investigue los motivos de los pagos y los nombres de las empresas que abonaban las cantidades a EdiUCA SL. Hasta la fecha sólo han trascendido tres pagadores, que destapó el diario Infolibre el pasado 23 de enero: Movistar, Altadis y Caixabank, a los que UCA-UCE ha dedicado en los últimos años informaciones elogiosas a través de estudios comparativos, notas de prensa, contenidos en su web y reportajes en su revista.
No haber informado de los pagos ya resulta de por sí ilegal, dado que las asociaciones de consumidores están obligadas a comunicar el origen de sus ingresos a las administraciones competentes. Y si crean sociedades mercantiles, la legislación también les impone que entreguen cada año sus cuentas a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad o a las agencias, direcciones o secretarías generales de Consumo de sus respectivas comunidades autónomas.
Así, si una empresa abona una cantidad a una organización de usuarios o a una sociedad creada por ésta, la autoridad de consumo competente debe ser informada para monitorizar que el objetivo no es ilícito. Es decir, que no es una contraprestación por hacerle publicidad encubierta o dejar de denunciar sus abusos ni se trata de un proveedor que le devuelve una parte de la cantidad abonada por una actividad subvencionada con dinero público.
EdiUCA SL viene operando desde hace 14 años. Fue creada en diciembre de 2003 por la Unión de Consumidores de Andalucía. Tanto el Ministerio de Sanidad como la Junta de Andalucía han manifestado a la prensa que no han recibido información alguna sobre sus cuentas ni sobre las empresas que vienen pagando a esta sociedad.
En 2014, el último año del que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, EdiUCA SL declaró que había facturado 59.227,20 euros; en 2013, 47.815,43 euros; en 2012, 54.523,44 euros; en 2011, 83.832,28 euros; en 2010, 78.472,76 euros; en 2009, 58.771,94 euros; en 2008, 57.577,22 euros. En total en esos siete años: 440.220,27 euros facturados.
Desvío del dinero a UCA-UCE
Los datos de EdiUCA SL depositados en el Registro Mercantil ponen de manifiesto que en los últimos años la empresa desviaba un elevado porcentaje de sus ingresos a través de «inversiones en empresas del grupo». La única entidad del «grupo» es la propia UCA-UCE, propietaria y administradora única de la sociedad.
Al revisar las cuentas anuales de EdiUCA SL puede verse cómo en distintos ejercicios derivaba a la propia UCA-UCE casi todo el dinero que había ingresado después de descontar las cantidades correspondientes al salario de su único empleado. Los desvíos se elevaron a 35.636 euros en 2014 (cuando sus gastos de personal fueron de 17.040,24), 21.615 euros en 2013 (personal, 18.465,77) y 14.929 euros en 2012 (personal, 16.816,77).
Mientras crece la lista de irregularidades detectadas en la entidad que preside el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno Rodríguez, la Dirección General de Consumo sigue manteniéndola en el registro autonómico de asociaciones de consumidores y no da respuesta a las denuncias presentadas por FACUA en agosto de 2016 y en abril de 2017. En los próximos días, esta organización interpondrá una nueva denuncia contra UCA-UCE por los pagos recibidos en secreto por su sociedad instrumental.