Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca concentraciones en más de 80 ciudades y municipios «contra las pensiones de miseria»: 22-F

En España, el importe que un jubilado percibe por una pensión no contributiva íntegra es de 369,90 euros al mes para 2018. Con conyuge no a cargo 606,6 euros si se superan los 65 años y 565,2 si no se superan. El Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy aprobó el 29 de diciembre una revalorización de las pensiones en un 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto. Se trata del quinto año consecutivo en el que las pensiones suben solo un 0,25%. La pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo pasa a ser de 639,3 euros, lo que supone en la práctica un empobrecimiento lento y porgresivo de los pensionistas de todo el país.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social contaba en 2011 con 66.815 millones de euros, pero desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, se han ido dilapidando sus recursos hasta los 8.095 millones de euros que quedaron en 2017. «Los bajos salarios han sido una constante en España, lo que explica que la tasa de reemplazo de las pensiones sea alta«. Es la explicación básica del catedrático de Economía Vicenç Navarro a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Navarro también echa por tierra el mito de la «generosidad respecto a los ancianos españoles»: «cuando tomamos en consideración todas las prestaciones públicas asociadas a la vejez, no solo las pensiones, las rentas totales de los ancianos en este país solo alcanzan el 63% de la media de la UE-15«. Así pues, todo está íntimamente realcionado. Las reformes laborales de PSOE y PP en los años de la crisis empobrecieron los salarios, que a su vez perdieron cotización y hacen que el sistema que sostenía las pensiones se vaya viniendo abajo.

Todo esto lleva a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones a convocar una protesta masiva para el próximo 22 de febrero en al menos 87 municipios y ciudades de España. Desde el «sindicalismo alternativo» se informa de varias reivindicaciones;

– Apoyar la convocatoria de movilizaciones de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

– Exigir una pensión mínima de 1080 euros tal y como se fija en la carta social europea.

– Derogación de las reformas de las pensiones de los Gobiernos del PP y del PSOE (estas, con la firma de los sindicatos UGT y CCOO).

– Garantía de pago de las pensiones en los PGE y revalorización automática.

Comunicado Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Las continuas agresiones a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y sobre todo pensiones), se ponen de manifiesto una vez más con las vergonzosas declaraciones de la Sra. Bañez y la Sra. Villalobos, pidiendo aumentar el cómputo para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral y aumentar la edad de jubilación a los 70 años. Estas declaraciones unidas a las del Sr. Pedro Sánchez, proponiendo falsas soluciones con los impuestos terminales como remedio al déficit de la Seguridad Social, nos indica que estamos en campaña preelectoral y que una vez más el PSOE y el PP pretenden utilizar el gravísimo problema, generado por ellos mismos en las pensiones, para manipular electoralmente a 9,5 millones de pensionistas.

Las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo por dichos partidos han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social y por tanto impiden unas pensiones dignas. Se condena a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social.

Se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas, y corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos Consejos de Administración están los  políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas. Desde estos consejos, nutridos por políticos del PSOE y PP, se determina la subida de la luz en más del 12%, del gas un 10% y se lleva a la mayoría social y a los pensionistas al empobrecimiento generalizado.

Escudándose en la argucia y el eufemismo engañoso que denominan “factor de sostenibilidad”, los pensionistas cobraremos menos pensión según vaya aumentando nuestra edad. En tanto se burlan del colectivo de pensionistas aplicando un aumento de 2 € al mes a una pensión media y en simultáneo nos roban 310 € al año sólo con la subida del IPC. La congelación del año 2011 supuso una pérdida del 2,9 %, la del 2012 el 1,9%, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en 2016 fue del 1,35% y la del año pasado 2017 tiene un promedio del 1,8% de pérdida, es decir, en los últimos años la pérdida del valor de nuestras pensiones sólo por el IPC supera el 7%.

El IPC actúa sobre nuestras pensiones como un impuesto que el gobierno del PP impone a los y las pensionistas de forma inmoral y perversamientras utiliza este dinero que se nos roba para darlo a bancos y eléctricas y salvar sus cuentas financieras.

El gobierno del Partido Popular plantea para el año 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que condenan a la miseria a los pensionistas, no garantiza las mismas, la miserable subida del 0,25% es no sólo insuficiente frente a una inflación incontrolada que nos conduce a pensiones asistenciales sino una auténtica burla que alcanza su culmen cuando hemos visto a quienes se les conceden pensiones de 3000 euros mensuales, que ni los más altos profesionales logran.

Las reformas del 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP) actúan como una losa y suponen, según expertos y economistas, una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones. Es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene un objetivo que es favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE), y con ellos a bancos y gestores de dichos planes.

Desde la Coordinadora Estatal Defensa Sistema Público de Pensiones (CEDPP) decimos que las pensiones son una cuestión de voluntad política, no es un problema de gastos, sino de ingresos. España sólo aporta un 10,5% de su PIB en pensiones, mientras países como Italia y Alemania llegan al 14,5%. Por ello exigimos medidas políticas y administrativas que garanticen las mismas, y deroguen aquellas reformas lesivas, reinstauren los derechos suprimidos y supriman la pérdida del poder adquisitivo a través de los PGE. Denunciamos las políticas que han llevado a la quiebra a la Seguridad Social a la que esos partidos han lastrado con un déficit de 18.000 millones anuales, a la desaparición, por saqueo, de la Hucha de pensiones y a los préstamos endosados a la SS por valor de 25.000 millones (10.000 en 2017 y 15.000 en 2018). Desde la CEDSPP consideramos que debe ser una transferencia a realizar desde los PGE a la Seguridad Social, en lugar de lo que están haciendo, endeudarla con préstamos y saqueos continuos, cuyo objetivo es provocar su deterioro y favorecer los PPP de la banca.

Por ello, el próximo día 22 de febrero la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones llama a pensionistas, a jóvenes y a tod@s l@s trabajador@s del Estado español a concentrarse en las plazas y organismos oficiales. TOD@S estamos implicad@s en esta tarea de defender las pensiones públicas de hoy y del futuro. No permitiremos el robo y el saqueo que el gobierno ha realizado y pretende hacer de ellas.

¡¡En defensa de pensiones públicas dignas!!
¡¡No al 0,25%!! ¡¡No a los recortes!!
¡¡El 22F TOD@S A LA CALLE!!

«Concentraciones contra el saqueo del Sistema de Seguridad Social y No al 0.25». Todos los municipios;