La ILP por la renta mínima de 426 euros sigue bloqueada en el Congreso por la ausencia en la votación de 5 diputados del PSOE
Las 700.000 firmas de la ILP llegaron al Congreso en mayo de 2016. En septiembre de 2017, el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CC.OO. y UGT para establecer una renta mínima de 426 euros a toda persona desempleada. Entonces, el PP, con el apoyo de Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, intentó crear por ley un grupo de trabajo que en seis meses estudiase el "mapa de prestaciones existente en España". A pesar del rechazo de ese "grupo de trabajo", Partido Popular y Ciudadanos acordaron ampliar hasta en 21 ocasiones el plazo ordinario para formular enmiendas en la comisión de Empleo de la cámara baja. Es otra argucia legal de estos dos partidos para dilatar la aprobación de cualquier propuesta parlamentaria que pierden en votación democrática.
700.000 firmas ciudadanas recogidas y el apoyo de los sindicatos, además del respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias no han sido suficientes para desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para instaurar una renta básica de 426 euros que beneficiaría a más de dos millones de personas sin recursos. En febrero del año pasado se aprobó en el Congreso la tramitación de esta ILP con el respaldo de 177 votos de PSOE, Unidos Podemos, y Grupo Mixto y 165 en contra del PP y Ciudadanos, pero 21 enmiendas de estos dos úlltimos partidos políticos han dilatado su aprobación.
Los requisitos básicos para obtener esta prestación, como explicó CCOO en su momento, son “tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo, carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI. La cuantía general a la que se genera derecho es la equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes)”. Inicialmente el número potencial de beneficiarios directos de esta prestación era de 2,4 millones de personas, de los que el 62% son mujeres, pero se redujo a 2,1 millones. Su coste estimado, unos 12 mil millones de euros. La prestación iba en la línea del ingreso mínimo propuesto antes por Unidos Podemos, que se elevaba a 600 euros pero no fue aprobado.
Para acabar con las argucias para eternizar la aprobación de la propuesta, el PSOE presentó una iniciativa que quitase a la comisión los trabajos y con el objetivo de que fuesen asumidos directamente por el pleno, donde hay una mayoría absoluta a favor de tramitarla. La sorpresa -tras tantos inconvenientes- ha sido el resultado de la votación 170 votos en contra de que el pleno tramite de una vez la renta básica (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) y 168 a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, Partido Demócrata, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) porque faltaban 5 diputados del PSOE que se ausentaron y un sexto, José Enrique Serrano, supuestamente se equivocó y votó en contra.
La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha arremetido contra PP y C´s tras la derrota en la votación: «queremos poner de relieve lo que ha ocurrido en el Congreso: nuevamente y una vez más, el PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo. Lo que han hecho es intentar evitar, y han evitado, que algo tan importante como la ILP propuesta por los sindicatos y por 700.000 ciudadanos pueda debatirse en pleno. De esta manera, sustraen a la totalidad del Parlamento el debate en una ley de tanta importancia como esta. Pese a las escenificaciones que cada día están haciendo PP y Cs, están trabajando conjuntamente para que todas aquellas propuestas de contenido social no salgan adelante o, si lo hacen, sea con todo tipo de trabas». Todo cierto, pero en esta ocasión, PP y C´s no contaban con mayoría en la cámara. Se perdió por las citadas ausencias de cinco diputados y el error de un sexto.
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