CGT lleva a los tribunales a la Junta de Andalucía ante el ataque directo al derecho fundamental a la huelga del 8 de marzo

Las Consejerías de Empleo y de Salud, demostrando el talante del gobierno de Susana Díaz, han vuelto a implantar servicios mínimos del 100% en múltiples sectores de la producción, cuando tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como al menos diez sentencias del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, sala de lo contencioso administrativo, ante demandas de CGT, han declarado como abusivos e ilegales los servicios mínimos que impiden a la clase trabajadora el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

Ante esa postura del Gobierno de la Junta, absolutamente ilícita e ilegítima, CGT Andalucía se ve obligada a llevar a los tribunales al ejecutivo de Susana Diaz, que demuestra en cada uno de sus actos que todo lo que tenga que ver con los derechos obreros y sociales no están en su agenda, dejando a las claras que sobran en las siglas que dicen representar la S de socialista y la O de obrero, quedándose limitado al PE, Partido Español del nacional catolicismo.

El 8 de marzo, sanitarias, gestoras de emergencias, limpiadoras, trabajadoras de recogida de residuos sólidos urbanos, trabajadoras del 061, periodistas, trabajadoras de medios de comunicación y muchas otras profesionales están vetadas por la Junta de Andalucía para que puedan optar por ejercer su derecho fundamental a la huelga y aún lo llaman democracia.

Este veto, plasmado en la imposición de servicios mínimos del 100%, contrasta con las palabras que publica la presidenta de la Junta de Andalucía en su cuenta de twitter, donde reivindica la igualdad de género -pero no la huelga- como «derecho fundamental»;