La Ley de Responsabilidades Políticas
La Ley de Responsabilidades Políticas constituyó uno de los instrumentos fundamentales para la represión política en la España de Franco. Fue elaborada en febrero de 1939; el 9 de ese mes fue firmada por Franco y se publicó oficialmente el día 13, es decir, unos días antes de que terminara la guerra civil. Completaba el Bando que la Junta de Defensa Nacional dio el 28 de julio de 1936. En su primer artículo se declaraba la responsabilidad política de las personas físicas y jurídicas que, desde el primero de octubre de 1934 y hasta el 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión del orden, y de aquellas personas que después de julio del 36 se hubieran opuesto o que se opusieran al Movimiento Nacional, ya fuera de forma activa o con una pasividad grave, es decir, por este artículo quedarían encuadradas todas las personas y organizaciones del Frente Popular, y las que no participasen activamente en el nuevo orden político. En la ley se relacionaban todas y cada una de las organizaciones políticas y sindicales «responsables», incluida la masonería.
La responsabilidad era determinada en un Tribunal Nacional, compuesto por dos miembros de la Falange, dos militares, y dos magistraturas, todos ellos nombrados por el gobierno
La responsabilidad política derivaba en la consiguiente incautación de bienes.
Esta ley estuvo vigente hasta el año 1945.
Partidos y organizaciones prohibidos por la Ley de 1939:
Acción Catala Republicana
Acción Nacionalista Vasca
Acción Republicana
Ateneo Libertario
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
Esquerra Catalana
Estat Català
Federación Anarquista Ibérica (FAI)
Izquierda Republicana
Partido Catalanista Republicano
Partido Comunista
Partido Federal
Partido Galleguista
Partido Nacionalista Vasco (PNV)
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)
Partido Sindicalista de Pestaña
Partido Socialista Obrero (PSOE)
Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)
Socorro Rojo Internacional
Solidaridad de Obreros Vascos
Unión de Rabassaires
Unión Democrática de Cataluña (UDC)
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Republicana
Masonería y otras entidades, partidos y organizaciones afines a los expresados.
Se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho por cuatro razones básicas:
1. Tenía carácter retroactivo.
2. Unía en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas.
3. Establecía la represión política. Se trataría de un ejemplo de lo que Serrano Suñer denominó la “justicia al revés”, es decir, la aplicación de penas para los que se hubieran atenido a la defensa del orden constitucional republicano y no hubiera colaborado con la sublevación.
4. Establecía un sistema judicial extraordinario, politizado y no independiente, al ser nombrado por el gobierno.