Alarma entre las fuerzas políticas por el dictamen de prisión de los exconsejeros del gobierno catalán
El encarcelamiento dictado por el juez Llanera de Jordi Turull, Carme Forcadell y tres consejeros del anterior gobierno de Cataluña alarma a las fuerzas políticas ante el riesgo de degradación de las garantías democráticas.
El magistrado Pablo Llanera, instructor del caso por el Procés, dictaminó ayer el ingreso en prisión del candidato a president de la Generalitar de Cataluña Jordi Turull, así como expresidenta del Parlament Carme Forcadell y tres consejeros del anterior govern, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. La justificación del encarcelamiento responde, según el juez al riesgo de fuga y a la intención de continuar con la hoja de ruta del procés.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo asume así la petición de la fiscalía y de la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox. Los acusados serán procesados por delito de rebelión y malversación por desviar dinero público a la campaña del referéndum. Los delitos podrían derivar en condenas de hasta 30 años de prisión.
En Cataluña, la decisión ha sido acogida con absoluta indignación. Voces indican que la actitud del Tribunal Supremo responde a una intencionalidad política represiva que no concuerda con los supuestos valores democráticos de las instituciones estatales. Al tiempo que se hacía pública la decisión del Supremo, el gobierno de Mariano Rajoy “advertía” al presidente del Parlament Roger Torrent de “acciones” de cumplir con su calendario de convocar sesión de investidura del nuevo gobierno de Cataluña. Torrent finalmente ha convocado el pleno pero sin que se proceda a la votación. En su intervención ante la cámara, el presidente del Parlament ha declarado que suspendía el pleno, pero concedía un turno de palabra a los distintos grupos parlamentarios a fin de “posicionarse respecto a la enorme excepcionalidad y gravedad del momento”. Así mismo, no ha perdido ocasión para recordar a los representantes procesados. “No descansaré hasta que vuelvan a estar entre nosotros”, ha indicado durante su intervención.
«Suspendré el ple, però abans tindran un torn de paraula per posicionar-se respecte l’enorme excepcionalitat i gravetat del moment», explica @rogertorrent #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/TTrc6T6PVg
— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 24 de marzo de 2018
Alarma en el entorno político
El ingreso en prisión de los últimos encausados por el procés ha despertado la alarma en el ámbito político nacional. Los líderes de las principales fuerzas de oposición señalan el riesgo inequívoco de que se degraden las garantías democráticas del país. Así lo manifestaba el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha apelado a una solución política del conflicto catalán y catalogaba como injusta la decisión de enviar a las cárcel a los miembros del govern.
Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de marzo de 2018
En la misma línea se manifestaba el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha valorado la decisión del Tribunal Supremo como lamentable.
Lamentable la decisión del Supremo de mandar a prisión provisional a más dirigentes independentistas. La interpretación reaccionaria que hace el juez es impropia de una democracia. España necesita abordar el conflicto catalán con diálogo y política, no con jueces y policías.
— Alberto Garzón (@agarzon) 23 de marzo de 2018
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha manifestado públicamente ninguna posición respecto a los acontecimientos. Sin embargo, el expresidente Felipe González ha sorprendido condenando lo que ha denominado como una excesiva judicialización de la política y ha expresado su deseo de que ninguno de los encausados entre en prisión.
El exilio o la prisión
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, anunciaba ayer que abandonaba el país con dirección a Suiza para evitar la persecución de la justicia española. Con ella son once de los catorce miembros del govern que impulsó el Procés que se encuentran en la cárcel o en el exilio. Un panorama desolador y que hace crecer la sensación de que la estrategia represiva por parte de los poderes del estado deja como únicas opciones la prisión o el abandono del país.
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