La dejación de funciones de la tríada Tahoces-Conde-Feijóo explica para En Marea la falta de control sobre el sector de la minería en Galicia

En este sentido, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego Antón Sánchez, aseguró este viernes que las las distintas denuncias por denegación de información o las investigaciones por posibles delitos contra el medio ambiente por parte del Gobierno gallego no son excepciones sino «la norma de un país donde el Gobierno gallego no cumple su función de control y sanción», y en la que los responsables últimos son el actual Director Xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces, el titular de la Consellería de Economía e Industria Francisco Conde y el propio Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa, el también Coordinador Xeral de Anova hizo mención a los múltiples casos en los que el actual Ejecutivo gallego ha tenido una actuación irregular u opuesta a la defensa real del territorio para beneficiar a las empresas del sector extractivo. Así, recordó la sentencia en la que se concena a la Xunta de Galicia por denegar información sobre la mina de Corcoesto o las denuncias del Defensor del Pueblo por la opacidad en relación al desastre ambiental originado por las pizarreras de Ourense o la mina de cobre de Touro.

Sánchez se refirió también a la reciente admisión a trámite por parte de las Naciones Unidas de las denuncias de las asociaciones Petón do Lobo y Ouriol do Anllóns referentes a la denegación de información relativa a varios proyectos mineros, así como la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente que ha acordado la apertura de diligencias y ha trasladado al juzgado las graves irregularidades encontradas en la mina de San Finx, «advirtiendo de la discutible actuación de la empresa pero también de la Xunta», no llegando a descartar que se haya cometido un delito contra el medio ambiente o los recursos naturales.

Por todos estos motivos, el diputado Antón Sánchez ha afirmado que «la actuación de la Xunta no son excepciones, sino que son la norma de un país donde la Xunta no cumple la función de control y sanción de comportamientos y acciones que dañan el medio ambiente y la calidad de vida de la gente que vive en su entorno».