El Estado español y las Comunidades Autónomas destinarán en 2018 más de 32.000 millones de euros a gasto militar y de control social
Contamos con una deuda, aún sin pagar, de más de 20.000 millones de euros para pagar programas de armamentos. Además ahora se va a asumir un nuevo plan de inversiones militares para satisfacer los intereses militaristas que, se dice, llegará a superar los 10.800 millones de euros y que, si atendemos a los “sobregastos” que los anteriores programas de armas han acumulado, puede suponer que la broma se ponga en más de 15.000 millones de deuda más.
Comunicado Grupo Tortuga
Ahora hacemos lo propio con la estimación de 2018, la cual podrás consultar en un informe que puedes descargarte en este enlace.
Como siempre hacemos, recordamos que este cálculo no es exacto: es una aproximación a la baja. La mayor parte del dinero que el Estado destina a cuestiones militares no está presupuestado en el Ministerio de Defensa, por lo que nos reconocemos incapaces de contabilizar algunas de las partidas de gasto militar que aparecen escondidas en los presupuestos.
A pesar de ello, los datos pueden sorprender a quien considerara hasta ahora que el presupuesto militar equivale al del Ministerio de Defensa.El gasto militar del Estado español en 2018 es de 23.577´96 millones de euros, lo que supone 15.122 millones (1´77 veces) de euros de gasto militar que el gobierno oculta fuera del presupuesto que reconoce. Esto supone 6´42 euros ocultos de cada 10 euros de gasto militar.
Si a este cálculo le añadimos lo presupuestado para control social, la suma asciende a 29.589´21 millones de euros.
Estas cifras reseñadas equivalen a un 2,% del PIB (calculado por el Gobierno en los PGE en 1.163.662 millones de euros), cantidad que se eleva al 2´5% si sumamos el control social estatal.
La cifra aumenta si a todo ello sumamos aún los presupuestos destinados a control social por parte de las Comunidades autónomas, ya sea las que tienen policía propia (Cataluña, Euskadi y Navarra), competencias en materia de prisiones (Cataluña) o las que transfieren cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar intervenciones policiales (por ejemplo, la BESCAM de Madrid y las diversas partidas destinadas a incentivos en las demás comunidades). En este caso la suma alcanza los 32.144´20 millones de euros, una cifra que supera toda comparación y es absolutamente escandalosa.
GASTO MILITAR Y DE CONTROL SOCIAL 2018. Un avance y algunos gráficos del informe adjunto (PDF)
elaborado por el Grupo Tortuga (mayo 2018).
La evolución supone un aumento del gasto militar real, es decir, la suma del gasto oculto y el gasto del Ministerio de Defensa, de modo que es cierto que el gasto militar
español viene creciendo significativamente y en los nuevos presupuestos no se trata únicamente de un afloramiento de gasto oculto.
Lo podemos ver en el siguiente cuadro, que indica que el gasto militar ha crecido tanto en las partidas del Ministerio de Defensa como en las del gasto oculto.
Esta evolución también se observa si sumamos el gasto en «control social».
Es evidente que el Estado muestra como una prioridad política el incremento del gasto militar, lo cual contrasta con las políticas de recortes sociales y de desprecio hacia las necesidades sociales. Por poner un ejemplo, conforme a la Carta Social Europea, el Estado debe garantizar que ninguna persona se sitúe por debajo del umbral de la pobreza, mediante un sistema público de prestaciones, pero el los Presupuestos Generales no existe ninguna partida para garantizar este compromiso que, a la vez, es una exigencia legal porque la Carta Social Europea es un texto legal vigente que consagra derechos subjetivos.
La cifra es más escandalosa si sumamos además las cantidades que destinan al control social las comunidades autónomas.
Deuda militar
La política de defensa española ha ido generando una deuda militar insostenible e impagable que, además, ha sido asumida en nuestro nombre por una élite de intereses perversos donde se mezcla la industria militar y los señores de la guerra, las puertas giratorias que han situado altos cargos en los diferentes departamentos políticos que tomaron las decisiones, y nuestra clase política militarista.
Contamos con una deuda, aún sin pagar, de más de 20.000 millones de euros para pagar programas de armamentos.
Además ahora se va a asumir un nuevo plan de inversiones militares para satisfacer los intereses militaristas que, se dice, llegará a superar los 10.800 millones de euros y que, si atendemos a los “sobregastos” que los anteriores programas de armas han acumulado, puede suponer que la broma se ponga en más de 15.000 millones de deuda más.
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