IU requiere al juez de los ‘Papeles de Bárcenas’ que investigue también a Vicente Cotino, miembro del clan valenciano vinculado al PP e implicado en la trama de corrupción de Zaplana

Martes, 29 de mayo 2018.

La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa de los ‘Papeles de Bárcenas’ que se instruye en la Audiencia Nacional -en la que se investiga la supuesta ‘contabilidad B’ del Partido Popular– ha solicitado al magistrado José de la Mata una nueva batería de diligencias a practicar. Entre ellas destacan las dirigidas a investigar directamente al empresario valenciano Vicente Cotino, detenido la semana pasada en la llamada ‘Operación Erial’ contra la corrupción. Esta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas la encabeza supuestamente el también arrestado Eduardo Zaplana, ex ministro, ex presidente valenciano y ex portavoz parlamentario del PP tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy al frente del partido.

Vicente Cotino es sobrino de Juan Cotino, también empresario y ex alto cargo del PP al frente de cargos como la Dirección General de la Policía en los gobiernos de Aznar, vicepresidente de la Generalidad o presidente de Les Corts valencianas en la época de Francisco Camps. De la misma forma, este último está investigado en la ‘Operación Erial’ acusado de una larga lista de delitos vinculados a la corrupción. 

IU, junto a las formaciones y asociaciones con las que comparte acusación popular, solicitan al magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 que reclame el vídeo y la transcripción de las declaraciones de Vicente Cotino en el juicio de la trama valenciana de Gürtel -donde reconoció pagos en B al PP-, “así como la documentación referida a los acuerdos alcanzados entre este último y la Fiscalía en el citado procedimiento”.

El escrito registrado ante la Audiencia Nacional recuerda que Vicente Cotino está al frente de Sedesa, “que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas”. De ahí que este empresario esté entre los empresarios que admitieron haber entregado dinero ilegalmente al PP.

En el apartado cuarto de los ‘Antecedentes’ incluidos en el texto se recuerda que “el pasado día 16.01.2018, en la segunda sesión del juicio sobre la ‘Gürtel valencia’ celebrado en la Audiencia Nacional, distintos empresarios admitieron haber pagado en las campañas electorales del Partido Popular de los años 2007 y 2008, por algo más de 1,2 millones de euros. Todos han reconocido que asumieron como propios gastos electorales que el PP valenciano no declaró por estar excediendo el límite”.

Izquierda Unida hace también en su solicitud de diligencias de investigación una clara referencia a la conversación entre Cotino y el también empresario Enrique Ortiz, cuando el primero estaba de viaje en el Caribe, donde aludían a los tratos que hacían con el entonces consejero de Bienestar Social. Ortiz le recuerda a Vicente Cotino que hay que ‘presionar a Joaquín Martínez (secretario autonómico de Bienestar Social)’, y añade que ‘el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina’».

El cargo de conseller lo ocupaba entonces nada menos que su tío, Juan Cotino. Se añade en el texto que “Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ le acusa de ser el recaudador del PP. Juan Cotino aparece en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas como una de las personas que pagaba asiduamente al Partido Popular”.

El escrito elaborado por IU indica también que las distintas investigaciones judiciales han determinado “un ‘modus operandi’ continuado perpetrado por los ex tesoreros del Partido Popular e investigados en esta causa, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, en el que a la vez que han ido recibiendo una serie de entregas de dinero en efectivo para nutrir de fondos las arcas opacas del PP, habrían estado realizando diversas maniobras con otros miembros del PP, con responsabilidades en la Administración Pública, con objeto de facilitar la adjudicación de obra pública”.

El equipo jurídico de IU considera que durante la instrucción se han reunido suficientes indicios para concluir que de la conducta de Lapuerta y Bárcenas “se puede inferir fundadamente que los mismos se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración, organización y coordinación para el cohecho y el tráfico de  influencias, estando por otra parte por determinar sí también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal”.

Además, en los ‘Fundamentos Jurídicos’ se indica que las diligencias de investigación propuestas servirán para, entre otras cuestiones, “corroborar un ‘modus operandi’ y forma continuada de conducta en lo concerniente a la financiación ilícita del Partido Popular en relación a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, además del de asociación ilícita” y también la “participación continuada de los investigados en las acciones ilícitas descritas y, en concreto, de los Sres. Lapuerta y Bárcenas, aun cuando no se descarta la participación de otros dirigentes del partido, así como la participación en los mismos hechos reprobables penalmente de diversos empresarios ligados a la adjudicación de obra pública”.

La acusación popular que representa IU ve necesario que el instructor profundice en las revelaciones del testigo Vicente Moro sobre la empresa Constructora Hispánica. De ahí que se solicite la citación en calidad de testigos tanto de José Luis Montesinos, su director general entre 2006 y 2007, y del ex director financiero de esta misma empresa. Moro sitúa a ambos entre las personas que conocían las relaciones entre el investigado Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de la constructora, con Lapuerta y Bárcenas.

También se requiere que testifiquen Higinio Mosteiro y Carlos Ribagorda, periodistas que entonces trabajaban para el Grupo Intereconomía y, según las declaraciones de su compañero Xabier Horcajo “le ayudaron con las gestiones de verificación de la grabación realizada al investigado Rafael Palencia, en la que éste explica la mecánica de pagos que efectuaba al Partido Popular en contraprestación al auxilio que recibía de la tesorería nacional del PP en la adjudicación de contratación pública”.

Lo mismo se solicita con Carmen Rodríguez Flores “quien según el testigo Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda) le advirtió de su caída en desgracia en el Partido Popular por no colaborar con Álvaro Lapuerta en la adjudicación de obra pública, habiendo aparecido igualmente citada en esta causa en anteriores ocasiones con motivo de las distintas publicaciones periodísticas que la vinculan como estrecha colaboradora de Lapuerta”.