PT de Brasil señala al senado de inmoral en impeachment a Dilma Rousseff

La discordia se hizo presente en el primer día del juicio político contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. El clima de beligerancia entre el abogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, y el abogado de la parte acusatoria, Janaina Paschoal, fue un símbolo del descontento de la defensa de la mandataria, en esta primera etapa del juicio.

Otro enfrentamiento consistió en una intensa disputa entre Lindbergh y Caiado, que intercambiaron acusaciones luego de que el senador y miembro del PT, Gleisi Hoffman, criticara la actitud de la plenaria hacia el proceso de juicio político. “El senado no tiene moral para juzgar a la presidente Dilma”, dijo.

“Este es un proceso en el que el rito es más importante que el contenido. En varias ocasiones, los derechos de la defensa se han visto obstaculizados sin tomar en cuenta que es una Presidente de la República quien es juzgada”, explicó el senador de tribuna Gleisi Hoffmann del Partido de los Trabajadores (PT).

Hoffmann (PT) pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, no modificar los plazos acordados para la duración del juicio político, avalados por la Constitución federal.

A lo largo de la mañana de este jueves, las discusiones en el plenario giraron en torno a cuestiones de orden presentadas por aliados de Rousseff, en un intento por convencer a Lewandowski para intervenir en el proceso de juicio político y desafiar las actuaciones.

El PT criticó la presión que ejerce Michel Temer para acelerar la votación a favor de la acusación con el fin de viajar a la cumbre del G-20 de China, el 4 y 5 de septiembre, sin ser presidente en ejercicio.

La defensa de la mandataria Dilma Rousseff ha recalcado que los argumentos de la parte acusatoria son frágiles y que la evidencia de material producido por el Senado, que incluye conocimientos técnicos, han demostrado su inocencia.

Expertos estiman que la popularidad de Michel Temer empeore debido a los recortes que ya han sido aprobados por el Congreso, los cuales afectan a sectores claves como salud, educación o derechos laborales.