Madrid 14/06/2018.- El partido verde ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, 14 medidas concretas centradas en la conservación de la naturaleza en España. Teniendo en cuenta las dificultades de conseguir amplias mayorías parlamentarias que puedan impulsar esos cambios legislativos profundos, se propone este decálogo que el Ministerio puede acometer de forma más o menos inmediata dentro del actual marco legal, y de acuerdo con sus competencias. Algunas de estas medidas propuestas ya han sido aprobadas por el pleno del Congreso, o por las Comisiones pertinentes.

Entre las propuestas se encuentran algunas relacionadas con los emblases como el de Biscarrués, Barrón, Mularroya o Los Morales. También medidas que inciden directamente en la conservación de la fauna y sus hábitats, incluyendo aumentar el catálogo de especies amenazas con la inclusión de algunas nuevas como el lobo ibérico, la tórtola o la becada, y luchar contra las especies invasoras. Por último destacan comenzar el derribo del Algarrobico o el cierre de los pozos ilegales. 

En palabras del coportavoz y diputado, Juantxo López de Uralde “Desde el gobierno pueden y deben tomarse muchas medidas urgentes para mejorar la situación de nuestro medioambiente, tras los años de políticas anti ecologistas del PP. Algunas de las que proponemos han sido ya aprobadas en los últimos meses en iniciativas de distintos grupos en el Congreso, y otras simplemente requieren de voluntad política para llevarlas adelante, tal y como proponemos en estas 14 propuestas concretas sobre cuestiones relativas a la conservación de la naturaleza. Se trata de un decálogo que proponemos al Ministerio para su cumplimiento urgente, y que mostrarían esa voluntad política de defender la naturaleza».

—

Los años de Gobierno del Partido Popular han sido devastadores para el medioambiente en nuestro país. Es necesario abordar cambios profundos para cambiar la tendencia de la actual degradación ambiental que sufre España. Ello requerirá de amplias mayorías parlamentarias que puedan impulsar esos cambios legislativos necesarios. Sin embargo, el actual juego de mayorías parlamentarias no va a hacer fácil, en lo que resta de legislatura, abordar grandes cambios legales. De hecho, está en marcha la modificación de la Ley de Biodiversidad, a propuesta del PP, que supondrá el golpe final de la contrarreforma ambiental que el PP comenzó en 2011.

Pero la dificultad de construir mayorías parlamentarias que permitan abordar nuevos proyectos legislativos, no puede ser freno, ni excusa, para bordar políticas ambientales más ambiciosas.

EQUO propone en este documento 14 medidas sencillas que el Ministerio de Transición Ecológica puede acometer dentro del actual marco legal, de acuerdo con sus competencias, y que supondrían cambios relevantes en lo que hasta ahora han sido las políticas del Gobierno saliente. No debe haber, por tanto excusas para retrasar la acción en defensa de nuestro medioambiente.

14 PROPUESTAS CONCRETAS

1.- . El lobo ibérico debería ser incluido en el Listado y Catálogo de Especies Amenazadas. Para ello, se debería elaborar un informe técnico que justifique la necesidad de protección para la especie, aprobarlo en el comité científico, y hacer un decreto de ampliación del listado y del Catálogo de Especies amenazadas, incluyendo al lobo.

Explicación:

En marzo de 2017 el Congreso aprobó una PNL que reclamaba “La declaración del lobo ibérico como especie de interés especial al norte del Duero a través de la incorporación de las poblaciones de la especie situadas al norte de este río en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, desarrollado por el Real Decreto 139/2011, por motivos ecológicos, científicos, sociales, culturales y éticos. Y que todas las poblaciones situadas al sur del río Duero se incluyan en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de «En peligro de extinción».

Aunque el Congreso lo reclamó hace más de un año por mayoría, el Gobierno del PP no puso en marcha ninguna medida en ese sentido. El lobo necesita protección. Necesita de nuestro indulto y puede conseguirse. Se trata de que el Gobierno y las Comunidades Autónomas se pongan manos a la obra. Si hemos convivido durante tantos siglos con el lobo, nadie entendería que en el siglo de la revolución tecnológica no seamos capaces de hacerlo.

2.- Abandono de la construcción del embalse de Biscarrúes (Huesca). Después de la sentencia anulando el proyecto de la Audiencia Nacional, el Ministerio debería desistir de todos los recursos que ha interpuesto contra esta sentencia.

Explicación:

Tras una larga lucha legal de los vecinos afectados contra la construcción de la presa de Biscarrués que alteraría la ecología del río Gállego, afluente del Ebro, la Audiencia Nacional anuló en julio de 2017 el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental que sustentaba la construcción de esta infraestructura hidráulica.

El principal argumento esgrimido por la Audiencia Nacional es que, con este proyecto, el Gobierno de España incumple la Directiva Marco de Agua. Esta norma comunitaria, de aplicación en nuestro país desde el año 2000, obliga a prevenir el deterioro de todas las masas de agua de la Unión Europea y a mejorar su estado. A juicio del tribunal, esto no sucedería si se construye Biscarrués, ya que el río Gállego se vería modificado significativamente al dejar de ser un sistema de agua corriente para convertirse en un depósito. Sin embargo, el Gobierno del PP ha pretendido volver a poner en marcha el proyecto, y ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional.

3.- Clausura del trasvase Siruana-Riudecanyes (Tarragona). Este trasvase podría clausurarse fijando un caudal para el río Siurana de 200-250 litros/segundo.

Explicación:

Se trata de un trasvase entre dos cuencas hidrográficas diferentes, ya que la Cuenca del Ebro, donde desemboca el Siurana, es de gestión estatal, en concreto competencia de la Confederación del Ebro, mientras que las cuencas internas son competencia de la Generalitat.

A pesar de que el Consejo de Estado, en un dictamen, estableció la obligatoriedad de fijar caudales ambientales antes del 2020 en el 100% de las masas de agua, para las demarcaciones del Tajo y del

Ebro, actualmente no hay caudal ambiental fijado para este río. Además, los caudales ambientales no generan derecho indemnizatorio de ningún tipo.

4.- Paralización y reconsideración del embalse de Mularroya (Zaragoza). Actualmente en obras, se pide la paralización de los trabajos por su alto impacto en el entorno y no ser de utilidad pública.

Explicación:

Las obras del pantano, iniciadas en 2008 y paralizadas por el Tribunal Supremo, que en 2013 ratificó la nulidad de la declaración de impacto ambiental que había dictaminado en 2009 la Audiencia Nacional por no respetar varias zonas incluidas en la Red Natura 2000, se reanudaron hace unos meses por decisión del Ministerio de Medio Ambiente.

El departamento de Isabel García Tejerina retomó la construcción antes de que se cumplieran las condiciones que los tribunales pusieron para su llenado y que fueron recogidas en la segunda declaración de impacto. Esta, aprobada en mayo de 2015, supedita su uso a que sea declarada junto a él una Zepa (Zona Especial de Protección de Aves) de la misma superficie que la actual de Las Hoces del río Jalón, cuya inundación contempla el proyecto.

5.- Anamdono definitivo del proyecto del embalse de Barón (Álava), que actualmente se encuentra en proceso de evaluación, a través de una Declaración de Impacto Ambiental negativa. El procedimiento de evaluación es competencia directa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Explicación:

Se trata de una inversión de 182 millones de euros para un pantano de 53 hectáreas en valles alaveses. Los informes realizados por expertos universitarios demuestran que el proyecto es un auténtico despropósito. No existe el preceptivo informe de viabilidad económica, no se contempla la recuperación de gastos (algo a lo que obliga la Directiva Marco del Agua europea), los costes por hectárea-regadío calculados son irreales y serían muy superiores a los previstos, no se tiene en cuenta los efectos del cambio climático que ya están reduciendo los caudales de nuestros ríos, y los cálculos de necesidades de riego están sobredimensionados. Además, tampoco se tienen en cuenta importantes afecciones medioambientales en el Tumecillo y otros, y tampoco el gasto justifica el objetivo marcado de fijar población por los pocos empleos nuevos que se generarían.

Asimismo, existen otras alternativas como las balsas laterales, o la reducción y vuelta a dimensionar el proyecto.

6.- Derribo del Hotel Algarrobico . Este hotel lleva más de una década de polémicas y sentencias en contra, y sin embargo todavía sigue en pie. Supondría un gesto para visibilizar una nueva política en nuestro litoral.

Explicación:

El hotel de la playa de El Algarrobico construido en el litoral del cabo de Gata, en Carboneras (Almería) ha sido objeto de una intensa campaña de denuncias por parte de organizaciones ecologistas desde hace más de una década, convirtiéndose en el símbolo de la burbuja inmobiliaria en el litoral. El Tribunal Supremo dejó al hotel ya en 2016 al borde de su desaparición. Los magistrados han desenmarañado el ovillo de recursos y fallos contradictorios que envuelven el edificio, cuya construcción se paralizó hace 10 años. Finalmente, el Supremo estableció que se levantó en una zona donde no se podía construir y que el terreno es propiedad de la Junta de Andalucía. Ya no debe haber más excusas para su demolición.

7.- Demolición del embalse de Los Morales (Comunidad de Madrid). Este embalse de 2,3 Hm3 que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Además de su escasa utilidad y el impacto medioambiental que genera, han aparecido unas grietas muy preocupantes en el dique que podrían llegar a suponer un grave problema estructural.

Explicación:

Se trata de uno de los embalses nombrados en un informe elaborado por la organización Ecologistas en Acción que enumera, 15 embalses que han dejado de tener utilidad (en algunos casos, no la tuvieron nunca) y que en opinión de esta entidad deberían ser demolidos con el objetivo de restaurar las cuencas de los río y recuperar los valores ambientales, paisajísticos o históricos que afectan desde hace décadas.

8.– Cierre progresivo de los más de 7.000 regadíos ilegales, detectados por el Ministerio y los más de medio millón de pozos ilegales que existen en España.

Explicación:

La explotación ilegal de pozos de aguas subterráneas es una práctica que tiene graves consecuencias en muchos puntos de nuestro país, incluyendo lugares tan sensibles como el Parque Nacional de Doñana. Aunque otras fuentes hablan de 500.000, la organización Greenpeace lo eleva hasta el millón de pozos ilegales, una cifra a todas luces inaceptable. No hay nada que impida al Gobierno empezar a tomar medidas para cerrar esos pozos.

9.- Proteger la tórtola común, perdiz y la becada incluyéndolas en el catáogo de especies amenazadas.

Explicación:

Se trata de especies en la actualidad cinegéticas, pero que se encuentran en muy mal estado de conservación, al borde de la extinción. Por ello deberían ser protegidas de forma urgente, y comenzar a elaborar planes de recuperación de las mismas, tal como recoge la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

10.- Revisión del catálogo de especies amenazadas, para incluir las especies vulnerables contempladas en los Libros Rojos como “vulnerables y casi amenazadas” según criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Explicación:

Es una necesidad que el Catálogo de especies amenazadas contemple a todas, y no queden fuera algunas especies que, siendo reconocidas como tales por la UICN, sin embargo no están catalogadas como tales en España. Nuevamente nos encontramos ante una medida sencilla pero necesaria para garantizar la conservación de la biodiversidad.

11.- Elaboración y puesta en marcha de una estrategia nacional contra las especies exóticas invasoras.

Explicación:

Las especies exóticas invasoras se han convertido en una amenaza de primer orden para la conservación de la biodiversidad. La UE ha cuantificado en 12.000 millones de euros el coste de los daños causados por estas especies. Es necesario abordar el asunto de forma prioritaria, ya que en la actualidad se actúa poco y tarde contra las especies exóticas invasoras.

12.- Paralización de todas las iniciativas a favor del control de predadores en España, y muy particularmente las que lleva a cabo el propio Ministerio.

Explicación:

Se solicitan medidas muy concretas que afectan directamente a la gestión del Ministerio: 1) cese de toda iniciativa del Ministerio en pro del control de predadores; 2) prohibición explícita de los lazos de caza en cumplimiento del Convenio de Berna; y 3) anulación, y quizá revisión y nuevo redactado, de los requerimientos técnicos para la homologación de métodos de control de predadores por parte del Ministerio.

13.- Puesta en marcha de elaboración del listado y de las obras para la realización de pasos de fauna en los puntos críticos de atropellos. Especialmente teniendo en cuenta las muertes por atropello de especies vulnerables como linces y lobos y la seguridad de las personas.

Explicación:

Los atropellos de fauna salvaje son un peligro para los animales, pero también para las personas. Entre 2006 y 2012 las colisiones de vehículos con animales rozaron el 9% de todos los accidentes. Estos datos supusieron un coste de 105 millones de euros al año, según un estudio realizado en 2015 por el departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid. Por este motivo el Congreso de los diputados aprobó recientemente una Proposición No de Ley instando al Gobierno a identificar los puntos negros de atropello de fauna, y comenzar a construir pasos de fauna en los puntos negros más conocidos. Esta situación requiere solamente de voluntad para empezar a ponerlo en marcha.

14.- Retirada de las licencias para la extracción del coral rojo en las costas catalanas.

Explicación:

El pasado mes de abril estalló la polémica tras la concesión de la ya cesada Ministra de Medio Ambiente,

Isabel García Tejerina, de 12 autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo (Corallium rubrum) en aguas exteriores de Cataluña (concretamente en el área comprendida entre Cap de

Begur y Arenys de Mar), aunque la Generalitat había introducido una veda de esta actividad extractiva durante 10 años. Este hecho dio la voz de alarma y numerosos colectivos se unieron rápidamente para proteger el coral rojo de la Costa Brava, una especie catalogada en peligro de extinción en

el Mediterráneo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de retirar esas licencias y acabar con este problema.