La sociedad civil exige a Pedro Sánchez una derogación más ambiciosa y completa de la Ley Mordaza
La derogación de la Ley Mordaza ha sido una de las reivindicaciones que más fuerza generó en la pasada legislatura, tanto por parte de los grupos políticos como de la sociedad civil. Durante su vigencia, las libertades y derechos se han visto disminuidos mientras se multiplicaban las multas y denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales como NNUU o el Consejo de Europa.
Con el horizonte en la nueva legislatura los colectivos sociales han querido aprovechar la oportunidad para compartir reflexiones y analizar los 10 puntos clave que debería contener una nueva ley para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, el derecho a la intimidad o el derecho de asilo. El decálogo de mínimos que trajeron ayer al Congreso organizaciones sociales cuenta con la adhesión de más de 200 colectivos y alrededor de 1000 personas de todo el Estado.
“El trámite de derogación ha estado bloqueado por diversos grupos-expresó una representante de No Somos Delito.-. Es su responsabilidad desbloquearla de cara a la nueva legislatura. Que la reforma no se quede en maquillaje” .
Además de pedir derogar la ley los puntos más urgentes para este colectivo pasan por “que la reforma de esta ley contemple la eliminación de la presunción de veracidad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la redacción de un texto transparente sin ambigüedades, que cumpla con los principios de no discriminación e igualdad o la abolición de la devoluciones en caliente, puntos que son básicos en cualquier Estado democrático de derecho.»
Con relación a las propuestas de reforma planteadas por los partidos políticos PSOE y PNV, los y las juristas del Grupo de Análisis de No Somos Delito encargado del estudio de estas propuestas opinan que «a pesar de alguna mejora sobre la actual Ley Mordaza, ambas propuestas están muy lejos de suponer una ley que garantice los derechos fundamentales y las libertades públicas».
Garantías Jurídicas
Las organizaciones participantes defendieron una reforma más amplia que la actual, que pase por la derogación y la creación de una nueva ley más garantista. En esta línea compartieron opiniones la Plataforma por la defensa de la Libertad de Información (PDLI), Cáritas España, la Confederación de Asociaciones Cannábicas, SOS Racismo Madrid, Red Acoge, AFEMTRAS (Agrupación feminista de trabajadoras del sexo), la Asociación Libre de Abogadas (ALA), Amnistía Internacional, la Comisión Legal Sol, el colectivo Yayoflautas, ATTAC, Ecologistas en Acción, la Plataforma Antidesahucios, Defender a quien defiende o Greenpeace España.
En lo que respecta a los representantes de los grupos parlamentarios estuvieron presentes Enric Bataller i Ruiz, del grupo Compromís; David Serrada Pariente, portavoz de la Comisión de Interior del Congreso del Grupo Socialista; José David Carracedo, diputado de Ahora Podemos y Miguel Angel Gutiérrez de Ciudadanos.
Los grupos parlamentarios comentaron la dificultad técnica para reformar la ley con la presencia de dos planteamientos en el Paramento y las trabas que el Grupo Popular está poniendo para iniciar el proceso de reforma en el seno de la comisión parlamentaria. Pero de igual manera expusieron su voluntad de comenzar el camino y llegar a consensos que vayan eliminen ambigüedades y escuchen a la sociedad civil, asumiendo sus demandas . El portavoz del Grupo Socialista, David Serrada, confirmó su compromiso por la reforma que ya expresó Pedro Sánchez en el debate de investidura.
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