Piden a Pedro Sánchez que se disculpe en nombre del Estado por la falta de atención a las víctimas de la dictadura franquista

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho por conducto social una solicitud al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que en nombre del Estado lleve a cabo una disculpa hacia las víctimas de la dictadura franquista y las personas que se jugaron la vida luchando por el regreso de la democracia, que han sido ninguneados por el Estado. El colectivo que inició en el año 2000 la búsqueda científica de las personas desaparecidas por la represión franquista, exige al Gobierno una declaración institucional el próximo 18 de julio, el aniversario del golpe de Estado de3 1936.

La ARMH plantea que esa declaración sea el inicio de unas políticas de memoria que reparen las consecuencias de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura. El texto de la petición, de la que adjuntamos el registro, es el siguiente:

“Desde el final de la dictadura franquista ningún Gobierno de la recuperada democracia ha garantizado sus derechos a las víctimas de la dictadura ni ha reconocido públicamente a las personas que primero lucharon contra el fascismo y después contra la dictadura, personas que eligieron llevar a cabo enormes sacrificios para que regresaran a nuestra vida política unas elecciones democráticas en las que pudieran participar diversas ideologías.

La gestión de los pasados traumáticos entraña muchas dificultades para las sociedades, pero en el caso español, a la impunidad que protege a los autores y responsables de violaciones de Derechos Humanos en la dictadura hay que sumarle la falta de atención que han sufrido las víctimas de los delitos más graves que ha conocido nuestra historia reciente. Cientos de miles de personas han muerto sin haber existido como víctimas para los distintos gobiernos democráticos. La deuda que tenemos con ellas debe ser reconocida por el Estado y puesta públicamente en evidencia para terminar con ese penoso e injusto hábito político de no mencionarlas como si no hubieran existido. 

Los dirigentes políticos de algunos países que han tardado en tomar medidas reparadoras han decidido evidenciar públicamente el error de sus estados a mirar para otro lado y no llevar a cabo el deber de garantizar los Derechos Humanos a quienes padecieron represión, persecución, violaciones o muerte.  Ha ocurrido recientemente en Alemania con su presidente Frank-Walter Steinmeier en un acto de reparación a los miles de homosexuales perseguidos por el nazismo; también vimos al presidente de Serbia  en 2013, Tomislav Nikolic, pidiendo perdón de rodillas por la matanza de Srebrenica, pero también ocurrió con anterioridad en los países de Sudamérica que padecieron feroces dictaduras: Paraguay, Argentina o Chile donde los presidentes del momento: Fernando Lugo, Néstor Kirchner y Patricio Aylwin  pidieron perdón por todo el dolor producido a las víctimas de la dictadura en su país respectivo. 

En la actualidad quedan pocas personas que vivieron el asalto al poder por parte del fascismo español, con ayuda del Hitler y Mussolini. Hombres y mujeres que han arrastrado su sufrimiento, su angustia y su miedo sin haber tenido un punto de apoyo en las instituciones democráticas. Otras que lucharon contra la dictadura, para que hoy pueda existir un Parlamento en el que se representan diversas ideologías, ven pasar los años sin que desde los poderes del Estado se les garanticen derechos y se reconozca públicamente el valor de su lucha. 

Las víctimas tienen además que soportar que el Estado siga renovando títulos nobiliarios a criminales de guerra y responsables de la dictadura; que torturadores cobren pensiones extraordinarias por los servicios prestados al dictador o que se consienta la existencia de una fundación con autorización administrativa que tiene como objetivo ensalzar a un dictador y a la que el Estado le garantiza la posibilidad de que sus donantes desgraven impuestos por financiar el enaltecimiento del franquismo. 

Cualquier reparación que se decida llevar a cabo ya llega tarde, pero es imprescindible no perder un minuto más para poner fin a tanta injusticia y terminar con ese defecto de nuestra democracia que no ha reconocido a quienes la soñaron, la defendieron y lucharon por recuperarla. 

Por eso queremos pedirle que el próximo 18 de julio, en una fecha simbólica y en un gesto que revierta el abandono y la desprotección de las víctimas de la dictadura, el Gobierno lleve a cabo una declaración institucional a través de la que el Estado se disculpe públicamente y sea un punto de inflexión para poner fin al trato degradante que han padecido personas que tienen derechos nunca reparados y que han sufrido el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano; una desaparición forzada que se compone de una detención ilegal, de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver de esa persona para extender el dolor y el terror a su familia y a su entorno social. 

En muchos rincones de este país hay personas angustiadas viendo que su reloj biológico les dice que no van a tener tiempo de sacar a un padre y a una madre de una cuneta y darles una sepultura digna. No se puede tolerar que siga corriendo el tiempo para ellas y el Estado continúe caminando en dirección contraria”.