Informe del Senado haitiano comprueba irregularidades de todo tipo en la utilización de los fondos de Petrocaribe por parte del Gobierno de ese país

DEL INFORME (2017) SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS DE PETROCARIBE EN HAITÍ REALIZADA POR LA COMISIÓN DEL SENADO.

Conclusión :

Finalizando la investigación de la utilización de los fondos PETRO CARIBE, la Comisión Investigadora Especial del Senado, en base a los documentos inventariados y analizados, con los datos entregados por la auditoria comprometida para llevar adelante esta investigación, concluye que la gestión de los fondos Petro Caribe está plagada de graves anomalías, de irregularidades, de malversaciones y de prevaricados, incumplimiento a los deberes de la función pública. Lo que nos lleva a pensar que aquellos que tuvieron la responsabilidad de ejecutar los programas y proyectos relacionados con los Fondos PETRO CARIBE no respetaron las normas ni las disposiciones legales en la atribución de contratos de obra a las empresas presentes en el mercado y tampoco se preocuparon de proteger los intereses del Estado Haitiano.

Tal como lo revela el conjunto de operaciones se comprueba que la mayoría de quienes tenían autoridad para ordenar, organizar y hacer operativo el pago de los gastos para cada proyecto actuaron con tanto laxismo, falta de responsabilidad y ligereza que esta Comisión Investigadora llegó a la conclusión de que en casi todos los casos repertoriados la negligencia, las incoherencias y otras anomalías se repetían constantemente.

De esa manera ya no se trata de simples errores materiales sino de actos premeditados tendientes a inducir al error y así facilitar las prácticas ilícitas, de colusión de intereses y de tráfico de influencias. El examen de los contratos demostró que más de la mitad de estos fueron firmados por fuera de las reglas de procedimiento para la contratación de empresas para ejecutar obras públicas (ausencia de transparencia, de buen gobierno, etc.). Y esto se hizo en la total falta de respeto de las normas de adjudicación de contratos (equidad, igualdad de tratamiento, libre competencia, libre acceso a las ofertas públicas, etc.).

Las leyes de urgencia adoptadas por sucesivos gobiernos desde 2008 a 2016 permitieron a las jerarquías y a sus contadores apartarse de las reglas del Estado con un exceso que frisa en la indecencia. Protegidos por estas leyes cometieron actos tan irracionales como ilegales, violando los reglamentos y las leyes de la contabilidad pública y las finanzas públicas.

Todas las investigaciones llevadas a cabo mostraron debilidades tan enormes que se debió tratar cada caso de manera específica y a la vez ubicarlos en un contexto general para conseguir establecer responsabilidades individuales y colectivas. A medida que se investigaba se descubrió que Petro Caribe fue objeto de una estafa a gran escala.

La mayor prueba de esto es que la actual situación del Fondo Petro Caribe y los gastos y pagos efectuados a los largo del período 2008 al 2016 está plagada de actos irregulares y fraudulentos. Lo que nos condujo a la necesidad de analizar los estados financieros del BMPAD – Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement – (Oficina de Monetarización de los Programas de Ayuda al Desarrollo) , primer y principal actor en la gestión del Fondo Petro Caribe. Se ha constatado que es difícil pronunciarse sobre la exactitud y la confiabilidad del saldo de los Fondos y sobre los desembolsos y la gestión de contratos. La gestión del Fondo, según a quienes le haya sido presentada, no refleja de manera alguna la situación financiera del Fondo.

La investigación demostró clara y detalladamente:

• Las reglas de licitación y firma de contratos no fueron respetadas, sino sistemáticamente violadas.
• uchas de las firmas elegidas no llenaban los criterios obligatorios de elegibilidad cuando se firmaron los contratos con estas. Pag. 524
• En ninguno de los casos fueron respetados los criterios de órden técnico, jurídico y financiero.
• Los intereses del Estado no fueron protegidos en la mayoría de los casos.
• La eficacia y la oportunidad de los gastos públicos son dudosos.
• La aplicación de las normas relativas a la ley de finanzas nunca se tomó en cuenta.
• El certificado de “sin objeción” del CNMP en la mayoría de los contratos firmados no se había conseguido.
• Muchos contratos firmados no fueron fechados.
• Un contrato aparece con la firma de una persona muerta.
• Los plazos de jecución no han sido respetados. Algunos entregados incompletos.
• No fueron cobradas las multas por atraso.
• El impuesto del 2% para la DGI no se encuentra indicado o no hay documentación que atestigüe su pago.
• Diferencias de precio se constatan a nivel del costo de 1km de ruta entre dos empresas del rubro, para el mismo período y trabajo similar.
• Algunos contratos en una segunda versión prevén una “fase 2” totalmente inexistente en el contrato inicial.
• Ciertos contratos comportan subvenciones que sobrepasan el límite del 30% legalmente establecido.
• Ciertos contratos hablan de la reparación de rutas, sin mencionar cuantos kilómetros serán reparados.
• El kilometraje de ciertas rutas es inferior al que consta en el contrato.
• La evidencia de sobrefacturación es constatada en numerosos proyectos.
• Además se constata que gran parte de los proyectos fueron sobrefacturados. Esta mala práctica se instala con el fin de beneficiar el pago de prebendas, comisiones y otras “ventajas” invaluables.
• Esto constituye un poderoso indicador de la corrupción que ensucia la utilización del Fondo Petro Caribe.
• Al no disponer ni de poder legal ni de disposiciones estatutarias para acceder a las cuentas de las personalidades responsables de esta estafa, tanto a nivel de la banca nacional como internacional, la Comisión espera ardientemente que la Justicia tome carta en el asunto movilizando todos los medios de los que dispone y también la ayuda judicial a nivel internacional con el objetivo de esclarecer y definir las responsabilidades en las infracciones relacionadas con el Fondo Petro Caribe.
• 
La Comisión recomienda a la Asamblea de Senadores investigar la resolución sobre el Fondo Petro Caribe que fuera tomada durante el gobierno provisorio de PRIVERT/JEAN-CHARLES, en lo que concierne a los pagos no exigidos ni cobrados para la DGI, que tienen un monto de 1.000 millones de Gourdes, lo cual constituye un faltante enorme, una gran pérdida para el fisco. Se recomienda al Estado Haitiano que la DGI reclame el pago inmediato de estos dineros, sin perjuicio de perseguir en la Justicia a los responsables.

CASOS ESPECIFICOS QUE LLAMARON PARTICULARMENTE LA ATENCION A ESTA COMISION:

Se relevaron irregularidades, incumplimiento de calidad y plazos de entrega, sobrefacturación, falta de documentación que justificara los gastos en:

Contratos para construcción y remodelación de rutas, construcción-remodelación de Plazas,

construcción de Mercados,

contratos firmados por ministerios: Turismo, Salud Pública jamás entregaron justificación de los gastos, durante la gestión de Stephanie B. VILLEDROUIN y Florence G. DUPERVAL.

. El Ministerio de Salud Pública firmó un contrato con una persona fallecida…

La firma J&J Constructiones firmó contratos con empresas que habían desaparecido, disueltas, antes de la firma de los dichos contratos.

Ministros que decidieron gastos y retiraron dineros sin ningún aval ni autorización del Consejo de Ministros.

Dos Directores Generales del BMPAD : Eustache St-Lot y Michael LECORP procedieron a concretar gastos con dineros del Fondo Petro Caribe sin resolución previa que lo autorizar

En vista de todo esto, la Comisión de Senadores recomienda:

Trasmitir esta investigación a la investigación de la Comisión de Ética y Anticorrupción a la Justicia para someter a los responsables de la corrupción a la acción pública.

Solicitamos se intervenga contra:

1-  El ex – ministro Jacques GABRIEL por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

2-  Los ex – Directores Generales del BMPAD : Michael LECORPS y Eustache ST-LOT por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

3- El ex – Primer Ministro de la Planificación y Cooperación Externa Jean Max BELLERIVE, por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

Contra los miembros del comité de ‟Llamado a licitación y oferta” que son :

4-  Hervé DAY, Michel CONTENT y Lionel GRAND PIERRE, por prevaricación, concusión, corrupción y desvío del dinero público.

5-  Hebert DOCTEUR, ex Ministro de Agricultura por usurpación de titulo .

6- Laurent Salvador LAMOTHE, ex –Primer Ministro de Planificación y Cooperación Externa por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

7-  Josefa GAUTHIER, por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

8-  Jacques ROUSSEAU, por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

9-  Marie Carmelle JEAN MARIE, ex – Ministro de Finanza por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

10-  Wilson LALEAU, ex – Ministro de Finanza, por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

11-Florence Guillaume DUPERVAL, ex-Ministra de Salud Publica por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

12-Stéphanie Balmir VILLEDROUIN, ex – Ministra de Turismo por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

13-  Yves Germain JOSEPH, ex – Ministro de Planificación por prevaricación, concusión y desvío del dinero público.

14-  Max Rudolph SAINT-ALBIN, por desvío o desaparición del dinero público.

La Comisión recomienda también de llevar a la Justicia por estafa a los responsables de las siguientes firmas:

• J & J Construction & Co.
• ROFI S.A
• IBT S.A
• HADOM Constructora S.A
• En lo que concierne a las firmas más abajo mencionadas, la investigación muestra que fueron beneficiadas por contratos ilícitos, con montos exorbitantes, a partir de una suma total de 13 millones de dólares segmentados en partes… lo que permitió violar los reglamentos de llamado a licitación y que fueran elegidas en base al clientelismo y al nepotismo.
• ENSTRAP
• MAXITECH S.A.
• GPL SOLAR LLC
• ESOLAR HAITI
• SUNTECH SOLAR HAITI S.A.
• ENERSA
• BUROCAD
• COMPHENER
• GREEN SOLAR SPECIALIST