PSOE y PP impiden en la Mesa del Congreso que la diputada de IU García Sempere pregunte al Gobierno si “le consta que la Fundación Felipe González tiene documentación clasificada”

Viernes, 20 de julio 2018.

La Mesa del Congreso, gracias a un acuerdo alcanzado entre PSOE y PP, considera que no es adecuado preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez cuestiones como si “¿es correcto que la documentación generada por un ex presidente del gobierno en el ejercicio de su función sea gestionada y custodiada por una entidad privada?” y si “¿tiene constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Felipe González y de que, en su caso, está custodiada adecuadamente?”

El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha remitido un escrito a la diputada de IU Eva García Sempere -autora de una batería de preguntas sobre esta cuestión- para que “reformule” esas dos en concreto. Alega que ‘en los términos en que se encuentran redactadas, versarían sobre materia ajena a la competencia del Gobierno’.

Para no dar motivos a PSOE y PP para tumbar con este pretexto toda la iniciativa registrada, la parlamentaria de Izquierda Unida ya ha formalizado una nueva redacción de estas cuestiones en estos términos: “¿cuál es el criterio del Gobierno para la gestión y custodia de la documentación generada por un ex presidente en el ejercicio de su función?”

Eva García Sempere registró a finales del mes de junio una completa iniciativa parlamentaria tras conocer a través de distintas informaciones la posible existencia de este tipo de documentación clasificada en el seno de la Fundación Felipe González, en la que se mezclarían tanto “documentos y materiales de carácter privado, pero también documentación pública y otra probablemente clasificada conforme a la Ley de Secretos Oficiales”.

A esta interpretación da pie también el contenido de la página web de dicha fundación, donde se asegura, según su particular interpretación, que en España ‘la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas y las prácticas que rigen la conservación de la Administración General del Estado. Por ello, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado’.

García Sempere entiende, sin embargo, que “parece que esto no es así. Atendiendo en concreto al apartado 2 del artículo 49 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, vemos que indica que ‘forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios’”.

La diputada de IU apunta, además, que “el apartado 1 del artículo 54 deja claro que “quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda”.

La parlamentaria andaluza valora que el archivo que gestiona la Fundación Felipe González “es de singular importancia sobre un periodo fundamental de la historia de España”, por lo que debe atenerse en todo momento a la legislación vigente.

Izquierda Unida ya ha tenido actuaciones parlamentarias similares sobre fondos documentales públicos guardados en otros archivos particulares, de ahí que valore que “debe haber una unificación de los criterios que las instituciones competentes deben mantener hacia todos ellos”.

Eva García Sempere completó las preguntas parlamentarias dirigidas por escrito al Gobierno del PSOE interesándose sobre “¿qué conocimiento tiene sobre el tipo de documentación generada por los distintos ex presidentes españoles en el ejercicio de sus funciones y que permanece en su ámbito privado?” y “¿qué datos tiene sobre documentación clasificada que esté custodiada por entidades de carácter privado?”

Concluye su iniciativa planteando si “¿se va a tomar alguna medida para que la documentación generada por ex presidentes del gobierno se gestione y custodie de acuerdo al Sistema Español de Archivos?”