EQUO exige al Gobierno que resuelva el problema de las aguas residuales

Madrid 25/07/2018. Tras la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que España ha sido condenada a pagar una sanción de 12 millones por el incumplimiento de la directiva sobre depuración de aguas residuales urbanas, el partido verde EQUO ha exigido al Gobierno que se ponga manos a la obra para solucionar definitivamente un problema que viene de muy atrás, y que sigue sin resolverse.

Asimismo, la formación política reclama la necesidad de abordar la gestión del agua desde un pacto por el agua que ponga en marcha una política de aguas sostenible que mejore la salud de los ríos y garantice el acceso. Además de la problemática de la depuración de aguas residuales, hay otros problemas urgentes relativos al agua como son los límites del recurso, la política de expansión de regadíos, el impacto de grandes embalses proyectados, la tensión que generan los trasvases, la política de privatizaciones y el incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas.

Esta es ya la tercera ocasión en que se condena a España por el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre aguas residuales, tratándose en cada caso de distintos municipios españoles que no depuran sus aguas residuales. En esta ocasión, los incumplimientos a los que hace referencia la sentencia son en 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas.

Pero la condena no se queda en esos 12 millones de euros: el Tribunal sanciona a España a pagar otros 11 millones de euros cada seis meses mientras no se resuelvan los problemas a los que se refiere la sentencia. Por tanto, si no se resuelve el problema, la multa va  a ir en aumento.

El problema da la falta de depuración de aguas residuales es un problema recurrente, y hay otros cuatro expedientes abiertos en la CE sobre el mismo inconveniente. Por ello desde EQUO “Instamos al gobierno a ponerse en marcha para resolver de forma definitiva una situación irregular y de incumplimiento de la  legislación comunitaria” ha declarado Juan López de Uralde, portavoz de EQUO.”La calidad del agua es un problema de primer orden siempre ignorado por los sucesivos gobiernos que prefieren centrar su atención en la construcción de embalses y trasvases, en vez de afrontar la depuración de las aguas”, ha añadido.

“La escasez de agua es un problema grave en España. Pero la mala calidad de las aguas incrementa el problema, ya que al no depurarse el agua no puede reutilizarse para ningún otro uso” ha argumentado la también coportavoz de EQUO, Marta Santos.

EQUO exige a la Junta de Andalucía que cumpla también con su parte en la depuración de las aguas

– Tras la multa multimillonaria del Tribunal de la UE a España por incumplir la normativa europea al respecto.

– Entre las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas figuran ocho andaluzas, Matalascañas e Isla Cristina en la provincia de Huelva; Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de Málaga; y Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz.

Andalucía, 25 de julio de 2018. Tras la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que España ha sido condenada a pagar una sanción de 12 millones por el incumplimiento de la directiva sobre depuración de aguas residuales urbanas, el partido verde EQUO ha exigido al Gobierno central que se ponga manos a la obra para solucionar definitivamente un problema que viene de muy atrás y que sigue sin resolverse, y desde EQUO Andalucía Verdes han reclamado a la Junta que cumpla también con la parte que le corresponde.

La formación política reclama la necesidad de abordar la gestión del agua desde un pacto por el agua que ponga en marcha una política de aguas sostenible que mejore la salud de los ríos y garantice el acceso. Además de la problemática de la depuración de aguas residuales, hay otros problemas urgentes relativos al agua como son los limites del recurso, la política de expansión de regadíos, el impacto de grandes embalses proyectados, la tensión que generan los trasvases, la política de privatizaciones y el incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas.

Esta es ya la tercera ocasión en que se condena a España por el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre aguas residuales, tratándose en cada caso de distintos municipios españoles que no depuran sus aguas residuales. En esta ocasión, los incumplimientos a los que hace referencia la sentencia son en 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas, y entre las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas figuran ocho andaluzas, Matalascañas e Isla Cristina en la provincia de Huelva; Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de Málaga; y Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz.

En este sentido, y teniendo en cuenta que buena parte de las obras pendientes de acometer en los municipios señalados son competencia de la Junta, el partido verde en Andalucía no ha dudado en reclamar también al Gobierno andaluz que cumpla “con las leyes y con lo comprometido tantas veces” y garantice la correcta depuración de las aguas. Desde EQUO Andalucía recuerdan que desde mayo de 2011 la ciudadanía andaluza está abonando un canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración en el recibo del agua, lo que le iba a permitir disponer –a fecha de 31 de diciembre de 2015- de las depuradoras de aguas residuales consideradas de interés, al objeto de cumplir con los requisitos establecidos por Europa en la normativa de aguas.

Pero el acuerdo no se ha cumplido, “y sin embargo el denominado canon de mejora se sigue abonando religiosamente, reconociéndose un desfase entre los ingresos recaudados con el canon y la inversión ejecutada”, lo que para EQUO “pone de manifiesto la falta de compromiso de la Junta con el derecho de los andaluces y andaluzas, que pagan por unos servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua que no se llevan a cabo con la eficacia y calidad necesarias para cumplir la normativa y proteger la salud de nuestros ecosistemas y de la personas”.