HRW: «La fiscalía saudita busca la pena de muerte para una activista femenina»

Comunicado Human Rights Watch

(Beirut) – La Fiscalía de Arabia Saudí está buscando la pena de muerte contra cinco activistas de la Provincia Oriental, incluida la activista de derechos humanos Israa al-Ghomgham, afirmó ayer Human Rights Watch. Los activistas, junto con otra persona que no enfrenta ejecución, están siendo juzgados en el tribunal con una acusación de terrorismo en el país por cargos relacionados únicamente con su activismo pacífico.

La fiscalía , que informa directamente al rey, acusó a los activistas detenidos de varios cargos que no parecen crímenes reconocibles, como «participar en protestas en la región de Qatif«, «incitar a protestar«, «cantar consignas hostiles al régimen«, «Intentando inflamar la opinión pública«, «filmando protestas y publicando en las redes sociales» y «brindando apoyo moral a los alborotadores«. Pidió su ejecución con base en el principio de la ley islámica ta’zir , en la que el juez cuenta con discreción sobre la definición de lo que constituye un crimen y sobre la sentencia. Las autoridades han retendio a los seis activistas en prisión preventiva manteniéndolos sin representación legal durante más de dos años. La próxima cita en la corte ha sido programada para el 28 de octubre de 2018.

«Cualquier ejecución es espantosa, pero buscar la pena de muerte para activistas como Israa al-Ghomgham, que ni siquiera son acusados ​​de comportamiento violento, es monstruoso«, dijo Sarah Leah Whitson , directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. «Todos los días, el despotismo desenfrenado de la monarquía saudí hace que sea más difícil para sus equipos de relaciones públicas pasar el cuento de hadas de la ‘reforma’ a los aliados y los negocios internacionales».

Al-Ghomgham es un activista chiita conocida por participar y documentar manifestaciones masivas en la Provincia Oriental que comenzaron a principios de 2011, pidiendo el fin de la discriminación sistemática que enfrentan los ciudadanos chiítas sauditas en el país de mayoría sunita. Las autoridades arrestaron a al-Ghomgham y a su esposo en una redada nocturna en su casa el 6 de diciembre de 2015 y los han retenido en la prisión de al-Mabahith de Dammam desde entonces.

Activistas saudíes dijeron a Human Rights Watch que la reciente demanda de la Fiscalía convierte a Al Ghomgham en la primera activista femenina en enfrentar posiblemente la pena de muerte por su trabajo relacionado con los derechos humanos, lo que sienta un peligroso precedente para otras mujeres activistas que actualmente están tras las rejas.

El Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudita (SCC), creado en 2008 para juzgar casos de terrorismo, se ha utilizado cada vez más para enjuiciar a disidentes pacíficos. El tribunal es famoso por sus violaciones de los estándares de un juicio justo y ha sentenciado a muerte a otros activistas chiítas por cargos con motivación política. El tribunal condenó a muerte a un prominente clérigo chiíta, Nimr al-Nimr y otros siete hombres por su participación en las manifestaciones de la Provincia Oriental de 2011 y en 2014, y a otras 14 personas en 2016 por participar en las protestas. Las autoridades sauditas ejecutaron a al-Nimr y a al menos otros tres hombres chiítas el 2 de enero de 2016, cuando llevaron a cabo la mayor ejecución en masa desde 1980, matando a 47 hombres.

Las normas internacionales, incluida la Carta Árabe de Derechos Humanos ratificada por Arabia Saudita, requieren que los países que mantienen la pena de muerte usarla solo para los «crímenes más graves» y en circunstancias excepcionales. Human Rights Watch se opone a la pena capital en todos los países y bajo cualquier circunstancia. La pena capital es única en su crueldad y finalidad, y está inevitablemente y universalmente plagada de arbitrariedad, prejuicios y errores.

Una reciente ofensiva contra los activistas por los derechos de las mujeres en Arabia Saudita ha llevado a la detención de al menos 13 mujeres con el pretexto de mantener la seguridad nacional. Mientras algunos han sido liberados, otros permanecen detenidos sin cargos. Ellos son: Loujain al-Hathloul , Aziza al-Yousef , Eman al-Nafjan , Nouf Abdelaziz , Mayaa al-Zahrani , Hatoon al-Fassi , Samar Badawi , Nassema al-Sadah y Amal al-Harbi. Las autoridades les han acusado de delitos graves, y los medios de comunicación locales llevaron a cabo una campaña sin precedentes en su contra etiquetándolos de «traidores».

«Si el Príncipe Heredero se toma en serio la reforma, debe intervenir de inmediato para garantizar que ningún activista sea injustamente detenido por su trabajo en favor de los derechos humanos», agregó Whitson.

Fuente: https://www.hrw.org/news/2018/08/21/saudi-prosecution-seeks-death-penalty-female-activist