Miles de personas salen a las calles en León para protestas contra el cierre de Vestas

Decenas de miles de personas se dieron cita en la marcha de protesta que recorrió las calles de León bajo el lema “Por la reindustrialización y el empleo de León” para rechazar el cierre de la planta de producción de Vestas, la multinacional danesa dedicada a la manufactura de turbina eólicas, que la pasada semana anunció el traslado de producción a países como la India o China para ahorrar costes.

La manifestación, a la que acudieron miles de vecinos en apoyo de la plantilla afectada por el cierre de la planta, sirvió también para reivindicar medidas contra los procesos de deslocalización que desde hace década están causando el desmantelamiento de todo el sector industrial en la región y a nivel nacional.

El caso de Vestas es particularmente sangrante y paradigmático del fenómeno. La compañía danesa anunció el pasado junio su intención de reducir drásticamente las líneas de producción en su fábrica de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, a pesar de haber obtenido, se calcula, unos beneficios netos de más de 236 millones de euros durante el primer semestre de 2018. Ante las protestas y las huelgas convocadas por la plantilla contra la decisión, la compañía no dudó y anunció el cierre total de la fábrica el pasado 31 de agosto.

La multinacional danesa no solo está obteniendo notables beneficios económicos a través de su producción en la planta de León sino que, además, ha recibido durante los últimos años ayudas públicas multimillonarias. De hecho, las mismas estaban sujetas a planes de empleo y de impulso de planes estratégicos de industrialización que jamás se llevaron a cabo. Lejos de eso, la compañía esperó precisamente hasta el mes de junio, fecha de la conclusión del plazo de reclamación de 12,5 millones de euros en ayudas ligadas al mantenimiento del empleo en la factoría, para anunciar su abrupta reducción de la producción.

Medidas urgentes contra la deslocalización

Muchas son las voces del ámbito sindical, político y social que han reclamado la puesta en marcha de medidas efectivas contra las facilidades con las cuales cuentan las empresas para cerrar unilateralmente su producción y trasladarla a países con peores legislaciones salariales y medioambientales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó de “atropello” lo que pretende hacer la multinacional danesa; por ello, reclamó al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que han recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como, puso el ejemplo, sucede en Francia.

“No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno. Vamos a promover que el Gobierno tome medidas», señalaba Unai Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de proceder de la multinacional danesa.

En la misma línea, a nivel regional el coordinador general de Izquierda Unida Castilla y León, José Sarrión, ha expuesto su preocupación por los procesos de desindustrialización y sus dramáticas consecuencias sociales, exigiendo a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que sitúe este asunto entre los ejes centrales del gobierno de la comunidad. Sarrión ha expresado al presidente su preocupación por lo que es más que una situación puntual “creemos que es una tendencia, algo que se está convirtiendo en estructural. La eliminación de músculo industrial en la comunidad nos empuja a otro gran problema, la despoblación.” Sarrión ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por la creación de empleo de calidad y estable. “Los cierres de empresas y las mermas en la producción y cierre de plantas van en la dirección contraria”, apunta.