IU pide a la UE que supervise la aplicación de las modificaciones de la Ley Hipotecaria exigidas por la Justicia europea

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha reclamado a la Comisión Europea un control sobre aquellas modificaciones que haya adoptado el Estado español en la Ley Hipotecaria para adaptarse a las repetidas sentencias a favor de los consumidores emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según Albiol, “desde hace años se vienen sucediendo los varapalos a la legislación hipotecaria y financiera española por parte de la Justicia europea, siempre a favor de los consumidores y en contra de los abusos bancarios. Por ello, queremos saber hasta qué punto la Comisión Europea mantiene una supervisión sobre los cambios que deben introducirse en la normativa española para cumplir con la Directiva 93/13/CEE relativa a la protección de los consumidores”.

La eurodiputada, que ha dirigido una pregunta a la CE a raíz del reciente dictamen del abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, señalando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre ejecuciones hipotecarias es contraria al derecho de la UE, quiere saber “si las autoridades europeas piensan admitir que en el Estado español se viola sistemáticamente esta Directiva europea”, dado que “hasta ocho autos y sentencias, sin contar el último dictamen, han demostrado ampliamente que la legislación estatal en materia de hipotecas y viviendas lesiona los derechos básicos de la ciudadanía y favorece a las entidades financieras”.

En este sentido, recuerda que en abril de 2017 la propia Comisión ya denunció ante el TJUE al Estado español, junto a otros cuatro países, “por no actualizar la Ley Hipotecaria hasta ajustarla al derecho comunitario”.

Por todo ello, Albiol ha querido lanzar un mensaje muy claro de cara a la votación en el Congreso esta misma tarde de la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: “Se trata de una oportunidad magnífica para que el Gobierno dé un importante golpe de timón y ataje la evidente tendencia de favorecer a los mercados financieros en detrimento de los derechos sociales. Votar contra esta Ley supondrá también votar contra el criterio del TJUE, como ha quedado claro sentencia tras sentencia”.

La legislación, ha añadido, “debe proteger el interés general y el derecho constitucional a una vivienda digna, por lo que una posición contraria a la aprobación de esta Ley solamente puede entenderse como una vulneración más a los derechos de la ciudadanía”.

Para la portavoz de IU en la Eurocámara, “las políticas de vivienda en el Estado han supuesto una auténtica tragedia para millones de personas, provocando un drama social que aún hoy sigue en forma de constantes desahucios y de burbuja de alquileres que traerá consecuencias imprevisibles. Es el momento de dejar de lado los intereses financieros y especulativos, y empezar a gobernar a favor de los ciudadanos”.