IU advierte al Gobierno del “muy limitado efecto” de suprimir el impuesto de generación eléctrica

La portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la supresión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del impuesto de generación eléctrica, instaurado por sus antecesores del PP y que grava con un 7% la producción, “no conseguirá el efecto deseado de reducir de manera significativa el abusivo recibo de la luz”. Rego argumenta que “dado que este impuesto sólo afecta a una parte del recibo (término de consumo) y a una parte de los usuarios (los que se acogen a la tarifa regulada, el llamado PVPC), el efecto será muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida”.

“Incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella -detallan- la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables”.

Ambos/as dirigentes federales de IU recuerdan también que “parece que el Gobierno ha olvidado explicar que este impuesto está recurrido en el Tribunal Supremo desde hace años por los productores de electricidad, un segmento del sector que no se puede olvidar que está extremadamente concentrado. En cualquier momento el Alto Tribunal también podría anunciar la anulación de este tributo”.

Sira Rego señala también, no sin ironía, que “parece que éste no ha sido el único olvido de la ministra Ribera. Mientras anunciaba en el Congreso un paquete de medidas para hacer frente presuntamente a la escalada de precios de la energía eléctrica, no puso sobre la mesa de forma deliberada la inminente subida del precio de la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural que tiene lista el Gobierno del PSOE para el próximo 1 de octubre. Ésta alcanzará cerca de un 5% y afectará a 1,6 millones de consumidores en el último trimestre del año, con el invierno a las puertas”.

Carlos Sánchez Mato apunta que “eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?”

Sánchez Mato, que coordina la posición de IU en las negociaciones abiertas con el Gobierno para tratar de llegar a acuerdos sobre distintas cuestiones económicas, entre ellas una reforma impositiva, pone el dedo en la llaga al recordar que “mientras el Ejecutivo del PSOE pone el grito en el cielo y parece que tanto le cuesta elevar la tarifa del IRPF a las pocas miles de personas que ganan más de 10.000 euros al mes, lo que supondría cerca de 400 millones de euros más de recaudación, sí anuncia con desparpajo otra medida que supone cuatro veces más de pérdida de ingresos que asumirá el Estado y no las grandes compañías eléctricas”.

Izquierda Unida advierte de que el Gobierno “sigue el mismo camino por el que ya transitó el PP en 2012 cuando el déficit de tarifa se disparó. Se podían seguir tres caminos: pagaban los consumidores o las empresas o los contribuyentes. El PP eligió que el ‘pato’ lo pagara el consumidor y lo hizo por la vía indirecta: en vez de subir directamente el precio de la luz estableció el impuesto sobre la generación a las empresas que, automáticamente, lo repercutieron hasta hoy sobre los consumidores”.

“Al eliminar ahora el impuesto -reconocen Rego y Sánchez Mato- Pedro Sánchez y Teresa Ribera nos dejan en el aire una triste ‘incógnita’: si el agujero creado con su supresión recaerá en los consumidores y lo pagaremos en el futuro, como hacemos ahora con el déficit de tarifa de hace años, o si recaerá en los contribuyentes, que tendremos que financiar a través de otros impuestos ese desequilibrio de 1.700 millones de euros anuales”.

Para ambos/as dirigentes de IU, “quienes parece que no van a participar en ningún caso ni contribuir a este esfuerzo son las grandes empresas, que siempre ganan con cualquier cambio. La legislación comunitaria y estatal juega a su favor y las decisiones de los Gobiernos, antes del PP, y ahora del PSOE, no hacen otra cosa que facilitar el lucrativo negocio con un servicio básico como es la luz”.

Izquierda Unida defiende la energía y el acceso a ella como “un bien básico y un sector estratégico para el desarrollo humano, además de imprescindible para la competitividad de las empresas. Debe ser un sector público prioritario que garantice su distribución y acceso equitativo. Empresas que fueron privatizadas por PSOE y por PP deben volver al sector público para garantizar así este servicio esencial, siempre bajo el principio del bien común y no bajo premisas de maximización de beneficios para sus accionistas”.

“Para ello -apostilla Sira Rego-, desde IU seguiremos trabajando sin las servidumbres de las llamadas ‘puertas giratorias’, que siempre han limitado la acción gubernamental en este ámbito. Y si no que se lo pregunten a personajes como José María Aznar, Felipe González, Ángel Acebes, Ana Palacio, Miquel Roca, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes o Josu Jon Imaz y a sus suculentos contratos pasados o presentes con las grandes compañías de este sector”.