CGT: «la Junta de Andalucía continúa privatizando el servicio de mediación, arbitraje y conciliación (CMAC) en beneficio de la patronal, UGT y CCOO: si el empresario te sanciona, pagamos con los impuestos de la ciudadanía»
En el empeño del gobierno de Susana Díaz en Andalucía, de privatizar los servicios públicos, nos dan una vuelta de tuerca más y obligan, desde el 1 de octubre 2018, a la clase trabajadora a acudir al SERCLA cuando nuestra empresa nos sanciona por cualquier motivo.
Hasta ahora, cuando nos imponían una sanción, estábamos obligados a acudir al Centro de Mediación y Arbitraje y Conciliación Previa (CMAC) como paso previo a la demanda ante el Juzgado de lo Social, donde un funcionario de carrera intenta la conciliación entre las partes.
A partir del 1 de Octubre de 2018, cuando seamos sancionadas, deberemos acudir al SERCLA conforme al acuerdo de la Comisión de Seguimiento de este organismo de fecha 18 de julio 2018, publicado en el BOJA el 3 de agosto 2018 (ellos se lo guisan y ellos se lo comen) (ver archivo PDF adjunto).
El SERCLA está formado por representantes liberados a cargo de la administración andaluza de los empresarios, CCOO y UGT, por lo que el dinero que pagamos con nuestros impuestos irá directamente a sus bolsillos. En otras palabras, cuando tu vecino demande a su empresa porque lo han sancionado, tú vas a pagar a los empresarios, a CCOO y UGT por apropiarse del trabajo de los funcionarios públicos, generar nueva bolsa de liberados institucionales y cobrar pingües cuantías económicas por cada proceso de mediación. Y todo ello, en detrimento de los servicios públicos, que en este caso se privatizan en Andalucía en favor de los eternos aliados de la Junta.
Esto supone otra agresión más a todos y a todas y un hecho consumado más de privatización de un servicio público, salpicado de intereses y beneficios ajenos al interés general.
Hace pocos días, conocimos la sentencia que dio la victoria a CGT en Castilla y León, impidiendo así, el monopolio y la gestión privada de las conciliaciones laborales individuales de todas y todos los trabajadores de aquella Comunidad autónoma que no quieran someterse a este sistema. Gracias a ello, conocimos que los integrantes de su (serla) Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación carecían de formación relacionada con las relaciones laborales y 3 de ellos solo ostentaban el título de graduado escolar.
CGT en Andalucía no va a permanecer impasible ante este nuevo atropello a los servicios públicos y la compra de voluntades con liberados y millonarias cuantías económicas para Patronal, UGT y CCOO.
¡¡CGT POR LO PÚBLICO, POR LO COMÚN!!
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