IU pregunta en el Congreso sobre las medidas de descontaminación de zonas con radiactividad

La diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Eva García Sempere,  ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la contaminación de los suelos con materiales radiactivos, a raíz del informe revelado esta semana por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN, organismo público encargado de velar por instalaciones que producen radioactividad). En dicho informe se revelaba la existencia de seis zonas especialmente afectadas por contaminación radiactiva, provocadas por actividades energéticas e industriales en el pasado.

Dichas zonas se encuentran repartidas por todo el territorio nacional y su nivel de materiales radiactivos se debe a muy diferentes causas, no habiendo existido un protocolo normativo general para su gestión, un elemento al que señala de manera crítica el propio CSN. Se trata de la zona de Palomares donde el ejército estadounidense extravió dos bombas termonucleares en 1966 y que aún cuenta con niveles de materiales radiactivos como el Americio 241.

Dos zonas de Rio Tinto en su confluencia con el río Odiel, una de ellas, las Marismas de Mendaña, donde procesos de sedimentación causados por las actividades mineras han generado un importante depósito de fosfoyesos.

El paraje de El Hondón, en Cartagena, donde se da una concentración particularmente alta de Uranio 238 de origen desconocido y que ya causó una petición por parte del Defensor del Pueblo en noviembre del pasado año.

Por último, una extensa zona entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo en los márgenes del río Jarama, así como el embalse de Flix, lugar de deposición de los residuos de la histórica industria química Ercros.

Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en el que participa Izquierda Unida, se ha instado al gobierno a concluir el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Nuclear en su aspectos afectados por el desarrollo del decreto de suelos contaminados radiológicamente, todo ello actualmente en trámite en el Ministerio para la Transición Ecológica, tramitación que dura ya varios años.

IU-Verdes Murcia apunta a la responsabilidad autonómica

En el caso concreto de El Hondón, IU-Verdes de Cartagena, a través de su portavoz y candidata a la alcaldía, Victoria Rodríguez, ha exigido tanto al Gobierno Regional como al Gobierno Municipal que afronten de manera urgente sus respectivas responsabilidades, en el ámbito de su competencia, para la descontaminación de los terrenos del Hondón, y “dejen de pasarse la pelota y de excusarse con declaraciones de deberes cumplidos”.

La candidata de izquierdas ha insistido en que «ya que no se actuó en su momento exigiendo pagar a quien contamina, y la ley prevé que en su defecto la responsabilidad es de los propietarios de los terrenos y esta corresponde casi en su totalidad a ambas administraciones a través de la empresa pública PODECASA, tanto Ayuntamiento como Gobierno Regional deben proceder de inmediato a ejecutar las medidas ya sugeridas desde hace un año por el Defensor del Pueblo y anteriormente por el Consejo de Seguridad Nuclear, consistentes en la declaración de suelo contaminado y su inscripción mediante nota marginal en el registro de la propiedad, y el levantamiento del vallado perimetral del terreno».

Desde IU-Verdes se insiste en que las excusas de no contestación de los diferentes organismos afectados por el levantamiento del vallado que esgrime la alcaldesa de Cartagena, no son óbice para la ejecución del mismo al amparo del principio de precaución o cautela (art. 191 del Tratado de funcionamiento de la UE), del requerimiento del Defensor del Pueblo y del CSN, y comprometiéndose a las modificaciones oportunas que indiquen los respectivos informes una vez emitidos.

De igual forma, la formación de izquierdas exige al gobierno regional que asuma su competencia en la aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con arreglo a lo estipulado en el artículo 34.1 y 34.3  que obligan claramente a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades Autónoma.