El Pleno del Congreso tramitará la proposición de ley de IU para atajar las limitaciones a la libertad de expresión

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha conseguido esta tarde que el Pleno del Congreso apruebe la toma en consideración y, por tanto, iniciar la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, elaborada e impulsada por IU dentro del grupo confederal con la ayuda de múltiples organizaciones y expertos juristas.

Esta iniciativa registrada el pasado mes de marzo, que ha contado con el consabido rechazo de la derecha de PP y Ciudadanos, persigue en palabras de Garzón hacer frente a la creciente “involución democrática”, dirigida especialmente a atacar esa misma libertad de expresión.

De ahí que el texto plantee una profunda y efectiva reforma del Código Penal que acabe con las “violaciones y censuras” que se perpetran a partir de determinados artículos supuestamente dirigidos a impedir las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a instituciones como la Corona, entre otros.

Garzón inició su intervención mostrando el agradecimiento de su formación a todos/as aquellos que han colaborado en la redacción de una propuesta cuyo resultado final “creemos que tiene mucha rigurosidad”.

“Nos hubiera gustado no tener que presentarla -alegó- porque ello significaría que nuestro Código Penal o nuestro sistema político, en última instancia, no tendría las graves carencias que hoy tratamos de subsanar”.

Esta proposición de ley orgánica -que ahora pasa a la fase de tramitación parlamentaria y recepción de enmiendas- trata de “homologar nuestra democracia a los estándares democráticos propios de las sociedades avanzadas y desarrolladas en materia de derechos fundamentales y de libertad de expresión”, indicó el diputado.

Alberto Garzón denunció y enumeró diversas “situaciones bochornosas”, como los procesos judiciales o las penas de prisión impuestas por criticar a la Monarquía o a referentes de la religión católica, todo ello “pese a las sanciones impuestas a nuestro país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

El máximo responsable de IU consideró que en democracia “debe ser legítimo criticar a las instituciones del Estado” y recordó que, en la práctica, las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso “y eso es lo más normal del mundo”.

En concreto, el texto plantea la derogación de artículos del Código Penal “anacrónicos y obsoletos” como el 525 (delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público); 490.3 y 491 (delitos contra la Corona); 543 (ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas)

También pide derogar el artículo 504 (injurias a las instituciones del Estado, como el Gobierno) o modificar el artículo 510 -que tipifica los denominados delitos de odio- con una redacción ‘que determine con claridad cuál es la conducta punible’.

Garzón, al igual que queda reflejado de forma palmaria en la exposición de motivos de la proposición, se adelantó a determinadas críticas falaces explicando que la derogación propuesta del delito de enaltecimiento del terrorismo no supone en modo alguno la “desprotección de las víctimas”, ya que se plantea al unísono “modificar también el artículo que recoge esa protección para reforzarla”.

El portavoz parlamentario de IU recordó que ese mismo artículo 578 del Código Penal, nació en el año 2000 tras un pacto entre PP y PSOE en un momento de “extrema violencia de ETA”, pero no fue precisamente hasta después de 2011, después de que la organización terrorista abandonó la violencia “cuando más se ha empleado, tanto en procesos penales, como con condenas”.

Denunció que su redacción adolece de una inaceptable “ambigüedad” que favorece que se pueda emplear de forma “irresponsable e irracional” según el juez que al procesado le toque en suerte.